Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca dijo que el Gobierno está analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras del Estado y aclaró que no hablan de expropiaciones. Anticipó las iniciativas en las que trabaja el Gabinete de Tierras que puso en marcha el Gobierno.
El Gobierno intenta evitar que su agenda siga vinculada exclusivamente a la emergencia. Para eso, en la Casa Rosada trabajan en los detalles del plan “60 medidas” que Alberto Fernández presentará en las próximas semanas. Mientras tanto, en medio de la negociación con los bonistas y la administración de la cuarentena, se puso en marcha el Gabinete de Tierras. El objetivo es darle un nuevo impulso a la construcción de viviendas dentro del Plan Procrear y fomentar el desarrollo agropecuario. Dos medidas que, entienden en el Gobierno, deberían contribuir a la reactivación en la post pandemia.
Desarrollo agropecuario
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, es uno de los integrantes de ese Gabinete de Tierras que deberá trabajar para que parte de los bienes que se encuentran actualmente en la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sean destinados al desarrollo agropecuario. En diálogo con Infobae, el ministro habló sobre la iniciativa que todavía parece lejos de tomar forma. Y afirmó: “Estamos analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras que hoy son del Estado, no hablamos de expropiaciones”
– ¿Cuál es el objetivo del Gabinete de Tierras que se puso en marcha esta semana?
– El objetivo es trabajar sobre el concepto de ordenamiento territorial y lo que significa el uso de los bienes del Estado. Hay locaciones de los ferrocarriles, las Fuerzas Armadas y los Parques Nacionales que quedaron bajo la órbita del Estado nacional. La tierra es un bien escaso que es demandada por otros actores, tanto públicos como particulares. A lo largo del tiempo, se va haciendo una transferencia de estos bienes hacia distintos sectores, dependiendo de la demanda. El Presidente entiende que esta transferencia no puede ser de manera desordenada. Por eso, convocó a todas las áreas que puedan estar vinculadas a la forma en que se puedan reasignar las tierras que le pertenecen al Estado nacional. En el caso de nuestro ministerio, hay determinadas locaciones en las que se identifica la capacidad productiva de determinados suelos y se verifica si existe una demanda concreta para promover el desarrollo de la producción. A nosotros ya nos ha tocado debatir proyectos de ley relacionados a la asignación de tierras para productores que hoy necesitan o bien expandir su producción o salir de un modelo de trabajo de la tierra que alquilan. Eso impacta muchísimo sobre la economía de ese tipo de unidades productivas. En ese caso tenemos un plan para la reasignación de esas tierras para fines productivos.
– Hay quienes lo describen como una suerte de reforma agraria light.
– Hay que salir de los clichés. Muchas veces hay intencionalidad de generar un debate ideológico que no corresponde en este caso. Nosotros hemos recorrido las producciones de hortalizas del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata, y las principales demandas de las familias productoras consisten en alcanzar la tierra propia porque los alquileres son muy altos. Una hectárea en una zona peri urbana hoy tiene una demanda inmobiliaria para un objetivo de vivienda y el dueño de esa tierra va a pedir un alquiler en términos de costo alternativo a un productor agrícola, como si fuera casi un emprendimiento urbano. Y a esa gente, la verdad, que le impacta mucho la imposibilidad de radicarse en ese suelo. Donde exista la posibilidad de, ordenadamente, generar estos mecanismos que permitan que ese productor pueda acceder a su propia tierra, vamos a trabajar en esa línea. La idea no es descuartizar grandes tierras sino que sean estrategias de desarrollo que tienen productores o hijos de productores que requieren superficies para continuar con la actividad que han tenido sus padres. Es importante hacerlo de manera ordenada. La AABE está trabajando para ver cuáles son esas oportunidades. Estamos analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras que hoy son del Estado. No estamos hablando de expropiaciones ni de quitarles la tierra a los grandes productores. Es importante aclararlo porque si se tergiversa el concepto de la decisión política se entra en un debate que no es el que habilita esta medida.
– ¿Por eso prefiere no hablar de reforma agraria?, ¿para evitar una figura que generaría polémica?
– Estoy seguro de que va a ser utilizado como han sido utilizadas últimamente varias situaciones complejas en el ámbito rural para generar una tensión entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. Esto en absoluto es la intención del Gobierno, por el contrario. Estamos permanentemente en contacto con los representantes de las entidades y nuestro objetivo es incrementar la producción. Es bueno que el productor tenga una expectativa de progreso en el futuro. Es bueno para el país que se incremente la producción porque asegura el aprovisionamiento interno pero también genera los recursos que necesitamos en un país sumamente endeudado. Nosotros intentamos no debatir sobre temas abstractos que no son objeto de debate porque no es lo que proponemos ni es lo que pensamos.
– La cesión de tierras del Estado es uno de los puntos de la propuesta que le presentaron al Presidente las organizaciones sociales. ¿Se tuvo en cuenta ese pedido?
– Sí, claro. Pero en mi tarea como legislador ya había analizado proyectos en los cuales se planteaba una suerte de Procrear rural y nos parecía una muy buena aproximación. Hay que tener criterios -para poder hacer esta asignación- que compatibilicen no solo el interés sobre la renta que genera un predio sino también cómo se satisfacen otros factores: de qué manera se lleva adelante la producción, cómo se mejora la calidad de vida de los habitantes y se generan recursos para la economía nacional. Las organizaciones sociales, con mucho criterio, plantean un modelo de producción que involucra a la familia rural. Y para la familia rural uno de los factores que puede ser limitante es la tierra. Otro es, por ejemplo, la tecnología. No hay tecnología disponible para pequeños productores. De fabricar tractores se encargan las grandes empresas, pero a fabricar una pulverizadora manual con estándares de seguridad se dedica el INTA. Cuando el mercado no es atractivo para las grandes corporaciones, ahí está el Estado. En otros casos, hay que pensar al sujeto social familia agraria que no trabaja por la renta sino por la calidad de vida y por el progreso de su familia. Entonces hay que pensar en conectividad, en comunicaciones, en energía eléctrica, en educación… El reclamo de las organizaciones sociales no es por alcanzar la tierra solamente sino por un abordaje integral que requiere una acción específica del Estado para que pueda ser sostenible en el tiempo y tener expectativas de progreso. La economía familiar requiere ser considerada con las especificidades que tiene por su gran capacidad de aporte al sistema económico nacional. De hecho, la mayor parte de las hortalizas que se consumen en el AMBA, en el Gran La Plata y en el Gran Rosario vienen de empresas familiares.
– ¿Sería ratificar la idea de que la tierra es de quien la trabaja?
– Como expresión filosófica es correcta. En el sentido de que es un objetivo deseable. Uno tiene que propender a que en la agricultura familiar este sea el caso. En otro modelo de organización empresarial no es necesario. Hay medianos productores que tienen su propia tierra, por caso 200 hectáreas, pero el modelo productivo y tecnológico que utilizan requiere un paquete de por lo menos 1.000. Entonces ellos alquilan 800 hectáreas, y es raro que ese productor quiera ser dueño de las 1.000. Por eso hay una suerte de articulación entre los dueños de esas tierras que, a cambio de una renta, participan de la actividad agropecuaria. Esto tiene una dinámica que hoy no está en discusión. El caso de la agricultura familiar es distinto: para el productor la tierra también es su hábitat y es lícito que aspire a tener su tierra. Lo importante es no considerar al sistema agropecuario como único y excluyente. El sistema agropecuario tiene una complejidad y está relacionada con la región en que se lleva adelante y con quiénes son los actores que intervienen en cada una de las actividades. No es lo mismo producir ovejas en Santa Cruz que en Corrientes. La lana termina finalmente en el mismo pullover pero los sistemas son distintos. En Córdoba no es lo mismo un productor de maní, un tambo o un productor de cereales.
– Así como el inquilino aspira a ser propietario del departamento que alquila, el productor pretende ser dueño del campo.
– Es una buena analogía. La familia aspira a ser propietaria… Quizás un comercio prefiere no invertir tanto en un bien raíz y elige alquilar. En el modelo de producción relacionado a la familia es aspiracional ser propietarios de la tierra. En el caso de empresas agropecuarias cuyo factor principal no es la estructura familiar muchas veces no lo es. La adquisición de la tierra significa inmovilizar un volumen de capital importantísimo. En la pampa húmeda, una hectárea puede llegar a valer 15 mil dólares, 17 mil. Inmovilizar la plata en eso puede significar no tener la última generación de tractores o de sembradores, y prefiere invertir en fierros en lugar de la tierra. Y obviamente al dueño de la tierra le dará la parte que le corresponde. A veces esa tensión es demasiado alta. Eso amerita otro debate que es el que propone la Federación Agraria, y es cómo se analiza una nueva ley de arrendamiento para que exista una justa relación entre los dueños de esas tierras y el modelo del productor que no es el de la agricultura familiar.
fuente: infobae