El Presidente reconoció que pretende modificar el máximo tribunal del país, aunque no necesariamente para aumentar la cantidad de miembros.
El presidente Alberto Fernández reconoció que uno de los principales objetivos de la reforma judicial presentada ayer es modificar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de uno de los poderes del Estado, aunque se despegó de la idea de ampliar su cantidad de miembros.
“Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes de la Corte. La Corte puede funcionar con cinco miembros, lo que sí digo es que la Corte está funcionando mal”, aseguró el primer mandatario.
Con esa premisa convocó a un consejo de especialistas que elevarán propuestas para avanzar con la reforma del máximo tribunal, sin embargo ya comenzaron a alzarse voces sobre la inconstitucionalidad de la medida, que representa el avance de un poder del Estado sobre esto. Hoy, por ejemplo, el constitucionalista Daniel Sabsay planteó: “¿Si eso no es una presión, qué es? Imaginen si la Corte crea una comisión para reformar el Poder Ejecutivo. Sería un escándalo”.
El presidente, en su ponencia, argumentó por qué no considera un tema prioritario la discusión de la cantidad de integrantes de la Corte: “En el mismo discurso que ayer di, recordé que cuando fui jefe de gabinete de Néstor Kirchner, él resolvió a instancias de un proyecto de ley presentado por Cristina Kirchner reducir la Corte Suprema de nueve a cinco. Nosotros teníamos la posibilidad de nombrar a dos candidatos que estaban vacantes y renunciamos a nombrarlos. Cuando digo que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no estoy hablando del número de miembros”.
Fernández, que durante la entrevista se reconoció como un hombre que cultivó el Derecho y que da clases hace más de treinta años, dijo que lo único que desea es que la Justicia funcione de otro modo: “Se han dicho un montón de cosas, pero la verdad que hasta acá lo único que hicimos fue enviar un proyecto de ley, no firmamos un decreto de necesidad y urgencia. Creamos una comisión para que analice otros problemas de la Justicia, que son problemas muy técnicos. Esa comisión va a tener más de noventa días para expedirse. Todo lo que yo vaya a hacer va a ir al Congreso”.
Explicó, a su vez, que lo quiere hacer es nombrar “jueces dignos”: “No estoy haciendo una repartija de jueces, ¿cuántos te tocan a vos y cuántos me tocan a mí?. No es eso lo que estoy haciendo”. “Lo único que me puse son límites para que nadie dude”, interpretó Alberto Fernández, quien en un tono que evidenciaba su molestia en torno a la polémico que generó la reforma judicial apeló a preguntas retóricas: “¿Por qué caemos en estos debates si lo que estamos tratando es que esto funcione de otro modo? ¿Alguien me puede decir a mí que la Justicia Federal ha actuado bien durante los últimos veinte años? El que me dice que sí es un gran cínico”.
Este jueves, el jefe de Estado argumentó por qué pretende avanzar con una modificación del tribunal. “Cuando usted habla con abogados y jueces, se encuentra con un montón de falencias que son enormes. Por ejemplo, el recurso extraordinario está regido por la ley 48 y vamos por la ley 30 mil. ¿Se da cuenta cuántos años tiene ese recurso?”, preguntó.
De acuerdo a la mirada del mandatario, hay que revisar todos los instrumentos que fueron ampliando la competencia de la Corte para cuestiones que deberían ser resueltas por instancias inferiores. “La Corte, además, interviene con una arbitrariedad absoluta. Y esto es objeto de cuestionamiento de cualquiera que litigue en la Argentina y de todos los tribunales del interior del país”, dijo y aportó estadísticas para respaldar sus visiones: “Más del 80% de las sentencias que dicta la Corte son rechazos que se ponen con una plancha que dice que por no ser una sentencia definitiva no lo tratan. Y para poner esa plancha el trámite demora entre un año y medio y dos. ¿Eso funciona bien? Esas cosas son las que tenemos que ver. No estamos viendo cuántos miembros tiene que tener la Corte”, insistió.
Entre los cuestionamientos que entiende pueden ser modificados, entendió que la intervención solo en situaciones de sentencia definitiva, puede engendrar hechos de grave naturaleza. Y ejemplificó: “Hace unos meses atrás conocimos un caso de Misiones. Una mujer que había condenada a nueve u once años de prisión y que ya llevaba siete años presa. La Corte, en ese momento, dijo que el juicio estaba plagado de nulidades y lo dijo porque recién ahí había una sentencia definitiva previa. Uno se pregunta: ¿qué hacemos con los años que esta mujer estuvo presa por el formalismo de la sentencia definitiva previa?”.
El presidente, también, se permitió enviarle un mensaje a la oposición, a quienes ponderan el resguardo de la República y a la gestión anterior. “Yo ayer recordaba cómo en los últimos cuatro años se derogaron leyes, como las normas de conductas de los jueces que este código tiene y que les exige imparcialidad. Esas normas estaban en una ley que un decreto de necesidad y urgencia dejó sin efecto. El funcionamiento del sistema acusatorio que el código procesal penal federal establece es una ley que un decreto de necesidad y urgencia dejó sin efecto. ¿Y esos son los que hablan y me quieren explicar la República a mí? Como dice Beatriz Sarlo, a mí no, eh”.
Asimismo, el mandatario respondió a quienes califican de inoportuno el tratamiento de la reforma, en una coyuntura dominada por la pandemia y la caída de la actividad económica, y critican que el proyecto obedece a una idea original de la vicepresidenta. “La Argentina tiene un montón de temas postergados -dijo-, pero tiene que seguir organizándose más allá de la pandemia, porque si no debería esperar que pase todo mientras tengo todo paralizado. Es un tema prioritario pero vamos a tratar de ir avanzando en otras cuestiones. Esto lo tratará el Congreso cuando el Congreso disponga, nosotros solamente mandamos un proyecto de ley. Y en verdad, los que más se inquietan con los cambios son los que quieren que siga todo igual para garantizar su propia impunidad. Esto es lo que más me indigna”.
En relación a las versiones que ubican la figura de Cristina Kirchner como motivadora de la propuesta, el presidente aclaró con una historia de hace cinco años atrás: “Yo estaba muy enojado con Cristina y ella estaba muy enojada conmigo. Año 2015, 2016, cuando empezaron las causas contra funcionarios y el fuero federal empezó a hacer el desastre que hizo. Yo hablaba con los periodistas y decía que era una vergüenza lo que estaba pasando en la Justicia. Como además soy profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, muchos me llamaban para consultarme. ¿Cómo alguien puede pensar que esto es algo impuesto por Cristina? Yo estoy indignado con lo que ha pasado en la argentina judicial de los últimos años”.