La comisión de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández comenzará hoy formalmente a trabajar para elevar en 90 días una serie de propuestas al Ejecutivo con sugerencias concretas de reformas para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y evaluaciones sobre cómo implementar el juicio por jurados en el país y traspasar a la órbita de la Capital Federal el fuero penal no federal que aún dependen de la Nación.
El abogado de Cristina
La inclusión de Carlos Beraldi en el consejo de expertos sigue siendo otro elemento que tiene a la oposición con la guardia alta porque desde allí entienden que es inadmisible su participación, dada su condición de abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas de corrupción.
Los once juristas, junto con el coordinador Fabián Musso, ya comenzaron a tener reuniones preliminares en donde definieron cómo trabajar y este sábado ya empezaron a tratar el primero de los puntos bajo observación: el Ministerio Público. Tal como reveló el sábado Infobae, la comisión ya escuchó el sábado al penalista León Arslanian, uno de las figuras de la comisión, hacer “un diagnóstico” sobre cómo funciona el Ministerio Público y la posibilidad de limitar los tiempos de mandato del Procurador y la forma de elección.
Elección del procurador
Hoy, el Procuraciór General es elegido con dos tercios de los votos del Senado. El Gobierno propone para ese puesto al juez Daniel Rafecas pero no consigue, hasta ahora, sumar esa cantidad de adhesiones. La posibilidad que se barajó fue analizar la idea de que ese cargo sea elegido por mayoría simple (la mitad de los votos, más uno). Pero la propuesta no conforma a todos los integrantes. “¿Por qué el Procurador sería elegido de una manera diferente a la que se elige el resto de los jueces?”, plantean algunos.
Duración del mandato
Otro de los puntos que el Ejecutivo pidió analizar no solo es la elección sino la duración del mandato del jefe de los fiscales. Hoy, una persona que es elegida para ese cargo goza de estabilidad en ese puesto “mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”, con la posibilidad de que se prolongue su permanencia en el puesto, por cinco años, con acuerdo del Senado (como un nuevo nombramiento). Solo puede terminar su cargo si renuncia o si es removido por un juicio político.
fuente: infobae