Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad explica los objetivos y alcances del Programa “Acompañar” de asistencia integral para personas en situación de violencias por motivo de género. Además, la Reforma Judicial, el papel del Estado en la muerte de Cristina Vázquez y el envío al Congreso del proyecto del aborto legal, seguro y gratuito.
Según el Observatorio de La Casa del Encuentro, desde que se decretó la cuarentena el 20 de marzo hasta el pasado 31 de agosto, se registraron en el país 115 femicidios, 2 transfemicidios y 5 femicidios vinculados de varones. Una escalada de violencia machista que, lejos de amesetarse, asciende. En este marco se publicó ayer en el Boletín Oficial la creación por decreto del programa Acompañar, que establece durante seis meses una transferencia monetaria directa y el fortalecimiento de redes de acompañamiento en pos de la construcción de un proyecto de vida autónomo de mujeres y personas LGBTI+ que se encuentren atravesando situaciones de violencia por motivos de género.
Acompañar a mujeres contra el patriarcado
“La idea del Estado acompañando con una prestación económica a quienes viven en situación de violencia de género es una demanda histórica del movimiento de mujeres y de la diversidad. Recogimos ese reclamo porque la falta de autonomía económica impide salir de la violencia. Pero también sabemos que la posibilidad de contar con recursos económicos no siempre alcanza. Cada persona necesita cosas distintas y un acompañamiento psicosocial. Y nosotras entendemos que para ayudar ese tránsito se necesita un apoyo muy fuerte durante un primer momento. No quiere decir que el Estado no tenga que seguir estando después, pero si a la persona se la ayuda especialmente durante los primeros seis meses la situación después puede resultar más transitable”, explica a Infobae Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad a la cabeza del programa que se ejecutará a través de la ANSES.
Apoyo económico
Ser “apta” de Acompañar requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El apoyo económico, equivalente al valor de un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) es, además, compatible con la Asignación Universal por hijo o hija, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, la Asignación por hijo o hija con discapacidad, el Monotributo Social, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o el trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
-¿Alcanza la mención a cuestiones de género en los artículos 16 y 37 del proyecto de Reforma Judicial para revertir la estructura patriarcal de la Justicia?
-No alcanza. Es una reforma a un fuero federal, no es una reforma en términos integrales del Poder Judicial. Son dos puntos muy importantes, sin lugar a dudas. Y su inclusión va en el camino de asegurar que haya más magistradas y fiscales mujeres, y en el camino de incorporar la perspectiva de género porque es uno de los temas que se va a evaluar obligatoriamente en los procesos de selección. Pero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad elaboró lineamientos para pensar las necesidades de transformaciones de las administraciones de justicia a nivel de todos los poderes judiciales, porque no es problema del Poder Judicial Federal exclusivamente.
-¿Qué se propone desde el ministerio?
-En esos lineamientos listamos una enorme cantidad de acciones que llevar adelante para transformar realmente el Poder Judicial. No solamente en términos de incorporación de mujeres y de diversidad a los cargos de magistratura, juezas, fiscales, asesoras sino también para incluir perspectiva de género en el tratamiento desde el minuto uno hasta el momento de ejecución de cualquier causa en cualquier ámbito. Porque no hay que circunscribir la perspectiva de género en causas de violencia por motivos de género, sino en una causa en el fuero laboral, en el fuero civil, de familia, penal. En el fuero penal tanto cuando una mujer o una diversidad es víctima de un delito como cuando es imputada de un delito. También trabajamos los lineamientos para sortear las dificultades que hoy existen para acceder a la justicia, y la herramienta del presupuesto con perspectiva de género en los poderes judiciales.
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“El proyecto para despenalizar y legalizar el aborto está listo desde el mes de marzo. La decisión del Presidente y de todo el Poder Ejecutivo está garantizada”, afirma-¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en la historia de Cristina Vázquez, la mujer encontrada muerta después de pasar 11 años presa por un crimen que no cometió?
-En el caso de Cristina Vázquez hubo una intervención clasista y sin perspectiva de género en la actuación judicial. De eso no hay ninguna duda. Fueron muchísimos años de una prisión injusta que atravesó su vida. Hay que remarcar, además, que el caso de Cristina es paradigmático pero no es excepcional. Los costos de la administración de justicia se pagan con vidas.
-¿Qué hizo su ministerio frente a este caso?
-En febrero el equipo de conducción del área de violencia del Ministerio recibió a Cristina. Como todas las personas que salen de la experiencia de la prisión, salió altamente vulnerable y con muchísimas dificultades para poder conseguir trabajo y vivienda. Esto es parte de los problemas post penitenciarios que existen en cada una de las provincias, a nivel federal. Nosotros le tramitamos el ingreso al programa Potenciar Trabajo, que salió en un mes. Lo estaba cobrando cuando estaba en Buenos Aires. Y cuando avisó al equipo que la estaba acompañando que se volvía a Misiones hicimos el cambio para que pudiera seguir cobrando el salario social en el Banco Nación de la provincia. También nos avisó que había comenzado un tratamiento psicológico allá.
-La noticia que siguió fue la de su muerte…
-La realidad es que el impacto en cualquier persona, pero en particular en una mujer pobre, que implican 11 años de prisión injusta, la atravesó. Parte de las responsabilidades de los poderes judiciales en sus intervenciones es que se desapegan de las consecuencias de sus acciones. La intervención judicial, sobre todo en las causas penales, es el uso más potente que tiene el Estado en términos de ejercicio de violencia. Comprender las consecuencias de intervenciones de este estilo es parte de las urgencias que tenemos, porque siempre son situaciones dolorosas, aunque no hubiese tenido un final tan trágico.
-¿Qué pasó con la promesa del presidente Alberto Fernández de presentar en el Congreso el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto?
-El proyecto está listo desde el mes de marzo. La decisión del Presidente y de todo el Poder Ejecutivo está garantizada. Pero no estamos en condiciones hoy, en un contexto de pandemia, de enviar un proyecto que requiere que el Ministerio de Salud lo sostenga y fundamente en el Congreso. Una pandemia con números de infectados y de muertos que aumentan todos los días… Hay condiciones que no están en nuestras manos, que no podemos manejar para saber cuándo va a poder enviarse. Pero la decisión del Presidente es inquebrantable.
fuente: infobae