Por Marcelo Pérez* para Diario Cuarto Poder | En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en Tucumán se autorizó “descongelar” las tarifas de servicios públicos esenciales como el agua y la luz, lo que impactará en los vapuleados ingresos de la gente.
Polémica decisión del ERSEPT
En un año complicado por la recesión que genera la cuarentena, con creciente índice de desempleo y cierre de empresas, el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), decidió darle la derecha al pedido de las empresas Aguas del Tucumán y EDET SA, para aumentar a partir del corriente mes, los valores de las tarifas que fueron “congeladas” por decreto Presidencial desde marzo pasado, ante la coyuntura económica-social-sanitaria.
No se trata de un problema menor
Un aumento del 7 ó del 25 por ciento, como vienen reclamando las empresas de servicios públicos esenciales, impactará de lleno en los paupérrimos ingresos de los tucumanos, en un año donde no hubo paritarias, muchos perdieron sus empleos y los jubilados tuvieron sumas limitas por decreto y por debajo de los valores de la inflación.
“A nuestro entender, no es legal producir incrementos de tarifas en medio de esta pandemia debido a la plena vigencia del DNU Nacional que prohíbe los cortes y aumentos de tarifas. Además, resulta un despropósito hacia el pueblo ya que este año no hubo discusión de paritarias, hubo caída del poder adquisitivo de los salarios y creció del desempleo por las restricciones de actividades por la cuarentena”, señaló José García, presidente de FODECUS, entidad de defensa de consumidores y usuarios.
Entonces surge la pregunta: ¿Dónde quedó el congelamiento dispuesto por el Presiente?
Servicios públicos esenciales
Ya hubo aumentos en las boletas de telefonía celular y televisión por cable, algunas empresas ya se comprometieron a reintegrar lo cobrado de más en octubre, pero igual hubo desplazamiento de categorías en el servicio de gas por mayor consumo, y ahora se vienen subas en la luz y el agua.
Santiago Yanotti, titular del ERSEPT, confirmó a principio de la semana que las boletas de la electricidad llegarán con una suba del 7%, mientras las del agua tendrán un aumento del 25%. Medida que va a contramano de lo que hace el presidente Alberto Fernández, que congeló la tarifa de todos los servicios públicos por la pandemia de coronavirus y la crisis económica.
Yanotti, en defensa de la medida, sostiene que es necesario el ajuste y que corresponde al segundo semestre de 2019. “Además, está bajo análisis una actualización relativa al primer semestre, que rondaría el 4,5% en la luz y entre el 10% y el 11% en el servicio de agua y cloacas”.
O sea, que mientras el pueblo hace el esfuerzo (muchos no pueden ni salir a trabajar y otros acceder a un salario acorde a la inflación por la ausencia de paritarias, y las PYMEs están cerradas o atendiendo de forma acotada); las empresas de servicios públicos no colaboran y tratar de seguir con su plan de negocio pese al a contingencia.
La Legislatura al recate
En la Legislatura de la provincia retumbaron fuertes las voces en contra de esta autorización para que suban las tarifas. Tanto los bloques oficialistas como de la oposición pidieron al ERSEPT que indique las razones para vulnerar el decreto presidencial de congelamiento de tarifas.
Silvia López, representante de Usuarios del Ente Regulador, se opuso al aumento tarifario de los servicios de luz y agua debido a la pandemia y a la situación socioeconómica. “Hay escasez de trabajo y una suba de tarifa solo viene a empobrecer más a los usuarios”, comentó a un medio.
Y remarca que la gente no puede pagar la actual tarifa. “El incremento se acumula y los intereses son muy elevados. Las facturas son impagables, y la gente se queda sin medidor”.
El gobierno nacional congeló las tarifas de los servicios públicos esenciales y extendió hasta fin de 2020 la prohibición de cortar servicios públicos por falta de pago. El decreto también prorroga hasta fin de año el plazo el congelamiento para “garantizar –en el marco de la emergencia– el acceso a los servicios esenciales, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)”.
En consonancia, la Legislatura provincial, que preside Osvaldo Jaldo, ya en julio pasado aprobó una ley por la cual impide a EDET realizar cortes de luz por la pandemia.
El bloque oficialista
Fue por una iniciativa de los legisladores del bloque oficialista Justicialista de Todos para garantizar la provisión del servicio eléctrico por parte de la empresa EDET a toda la ciudadanía, incluso en caso de falta de pago, y no sólo a los sectores vulnerables.
Además los legisladores, atentos a la situación de vulnerabilidad de la gente, sancionaron por unanimidad la Resolución que solicita al ERSEPT que gestione ante EDET SA, diversas medidas vinculadas a la situación de los usuarios en marco de la pandemia Covid-19.
Por esta iniciativa, y en beneficio de distintos sectores de la provincia, la empresa distribuidora del servicio debió facturar todos los suministros comerciales contratados en base a fijación de potencia en un monto equivalente al 50% de la potencia contratada y cobrar hasta en 12 cuotas sin intereses, multas o cargos por mora por el servicio.
Más allá de cuestiones técnicas y legales, el ERSEPT, EDET y la SAT deberían tener en cuenta la capacidad de pago de los usuarios y la situación actual de crisis económica-sanitaria por la pandemia. Que los intereses de algunos no afecten al colectivo.
Ya lo dijo el presidente Alberto Fernández en el plenario de la CTA: “Una sociedad es un acuerdo. Si en una sociedad uno gana y el otro pierde, se parece más a una estafa que a una sociedad”.
*Analista político, columnista