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En un operativo encabezado por diferentes áreas del Estado, fueron recuperados terrenos del Gobierno de Tucumán que habían sido usurpados en “La Quebradita”, Tafí del Valle, por pueblos originarios que sostienen ser los dueños del lugar por razones ancestrales, al mejor estilo “mapuches” en el sur del país.

Sacados de manera pacífica

Tras concretar de manera pacífica la medida, se mantuvo un diálogo con referentes de la comunidad indígena, a quienes se le hizo entrega de los materiales que habían sido utilizados para delimitar el loteo de tierras.
Al predio ubicado en la zona denominada “Los Grateos” y con una serie de denuncias recibidas,  llegaron esta mañana Guadalupe Barthe, encargada del área de Inmuebles Fiscales; Luis Ibáñez, secretario de Seguridad de la provincia; Federico Correa, abogado de la Fiscalia de Estado; Javier Tirone, jefe del departamento de Inmuebles Turísticos del Ente Autárquico Tucumán Turismo y Jorge Hernández agrimensor de la Dirección de Catastro y una cuadrilla de la Dirección Provincial de Vialidad.

Recuperación coordinada

En ese contexto, pudieron observar que en el espacio verde propiedad del Estado habían montado alrededor de 20 construcciones precarias con palos de madera revestidos con plástico negro y techo de chapas. Al establecer la “usurpación en flagrancia” y no encontrar moradores, se determinó que el personal de la DPV retirara los palos y plásticos que dividían los terrenos, se labró la correspondiente acta policial y se dio intervención a la justicia.

Relevamiento del terreno

Barthe explicó que “tras realizar un relevamiento sacamos los postes que se encontraban en nuestro terreno y donde no había nadie”, y contó que luego se hicieron presentes en el lugar personas que aducían tener derechos de instalarse allí. El cacique de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle, Santos Eugenio Pastrana, encabezaba el grupo de más 30 personas que llegaron para mantener una charla con los representantes del Gobierno, quienes les explicaron los motivos de la medida y luego se comprometieron a retirarse de la zona.
Esta es una disposición que partió de la Fiscalía de Estado para preservar los terrenos fiscales y de reserva del espacio público, al haber tomado conocimiento que los mismos estaban siendo ocupados”, detalló Correa que, tras dialogar con los referentes de la Comunidad Indígena aseguró que “se entendió la postura de la fiscalía y que son terrenos que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de defender”.

Desalentar prácticas de usurpación

El  secretario de Seguridad estuvo a cargo del operativo que tenía como objetivo desalentar las usurpaciones en terrenos de la provincia y contó que “al sacar los palos que pusieron con el propósito de instalarlos como viviendas, no haber moradores y ser una construcción precaria hemos resguardado el lugar y se los entregamos a personas que se acercaron luego”.

Práctica ilegal que crece

En este sentido, Ibáñez amplió: “Esta es la cuarta intervención que tenemos de estas características, anteriormente fueron en El Cadillal, San Javier y en el sur de la provincia. Es un trabajo que se nos ha encomendado para resguardar los bienes del Estado del que también participaron 17 efectivos de las fuerzas policiales”.

Tiempo atrás, el Fiscal de Estado, Federico Nazur, especificó que esta recuperacion obedece a una “acción de reivindicación del 2019, en la cual la Fiscalía de Estado obtuvo sentencia firme y pidió la ejecución de la misma”.

Nazur contó también que se trata de una propiedad inscripta a nombre del Superior Gobierno de la Provincia, que mide de frente 18.70 contra frente 12,93m de lados 74,86 y 70,96 de aproximadamente 1066,6675 m2.

“Esto es una parte de la defensa de las tierras de propiedad provincial que está llevando a cabo la fiscalía por instrucción del gobernador Juan Manzur, no solo en Tafi del valle sino también en otros puntos de la provincia, fundamentalmente en los sectores turisticos como ser El Cadillal, San Javier y El Mollar”, aseveró.

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