En el último día de 2020, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un aumento de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021. Hasta ese momento, la sorpresa en el sector fue que el porcentaje resultaba menor que el que se había anticipado durante las semanas anteriores, cuando se esperaba un 10 por ciento.
Sin embargo, unas pocas horas después, todo quedó anulado. Por la tarde del jueves, en una edición especial del Boletín Oficial, el incremento directamente fue suspendida por “expresa decisión” del presidente Alberto Fernández. Fuentes de las empresas manifestaron que toda la situación fue “sorpresiva e insólita”. Para cumplir con el plazo requerido de 30 días previos para el anuncio de aumento, muchas ya tenían todo listo para enviar las cartas con el anuncio de la suba a sus usuarios.
“Cualquier bien o servicio tiene un costo de producción y un margen de explotación. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo de producción porque tiene una política de subsidios, se supone que debe compensar con un subsidio a ese sector que, de otra forma, se muere. Más en el caso de las empresas de salud, donde los contratos con los usuarios son de por vida y no se pueden rescindir. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuación económica”, señaló Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).
fuente: infobae