El pliego del jurista está trabado en la Cámara de Senadores por falta de acuerdo con la oposición y la silenciosa reticencia del kirchnerismo duro que juega al desgaste del candidato presidencial para ocupar ese cargo clave en la administración de justicia.
Negociando con Cristina
Alberto Fernández no descarta que se trate la designación de Daniel Rafecas como Procurador General durante las sesiones extraordinarias del Senado. El Presidente y Rafecas son amigos personales, comparten la enseñanza en la facultad de Derecho de Buenos Aires, y sufren la misma adversidad política: Cristina Fernández de Kirchner, la bancada oficialista y el bloque de Juntos por el Cambio no han encontrado un eje de negociación común que permita aprobar ese propuesta oficial que la Casa Rosada envió el 11 de marzo de 2020 a la Cámara Alta.
Reforma Judicial
Junto a la aprobación del pliego de Rafecas, Alberto Fernández pretende que los proyectos de Reforma Judicial y de la Procuración General sean sancionados en Diputados antes que concluya febrero. Estas iniciativas fueron empujadas por CFK y la bancada oficialista del Senado, que habitualmente tienen una agenda política que no coincide con la perspectiva institucional de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
La agenda del kirchnerismo
Losardo es una ministra valorada por el Presidente y muchas veces debe litigar con senadores oficialistas como Oscar Parrilli, Juan Pais y Claudio Doñate que protagonizan una hoja de ruta parlamentaria diseñada en el Instituto Patria. Así ocurrió con la Reforma Judicial enviada por Balcarce 50-que fue desfigurada en el Senado- y con las modificaciones a la ley de la Procuración que responde a la propia agenda política de Cristina.
Balcarce 50 nunca aprobó que se estableciera una enmienda para investigar a los medios en el Consejo de la Magistratura -una idea que intentó incluir Parrilli en la Reforma Judicial- y menos todavía cambiar las reglas de juego para designar al Procurador General.
Amplio consenso
Rafecas desea llegar a la Procuración con un amplio consenso de la oposición -al margen de la mayoría especial que debe tener en el Senado- y aún duda en aceptar un cargo clave en la administración de justicia sólo con los votos del kirchnerismo duro y sus eventuales aliados políticos que habitualmente responden a la máxima latina quid pro quo.
fuente: infobae