El Jury dio por probado que el ahora ex juez del Tribunal de Impugnación incurrió en faltas en el ejercicio de sus funciones.
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió esta tarde por mayoría hacer lugar a la acusación de la comisión de Juicio Político y remover a Enrique Pedicone del cargo de vocal del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de Tucumán, al darse por probadas una serie de faltas en el ejercicio de sus funciones.
El Jury adoptó esta decisión a partir de los votos de los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera, Sara Alperovich; del representante del Colegio de Abogados Javier Critto; y del fiscal de Estado Federico Nazur. El vocal de la Corte, Daniel Posse, y el legislador alfarista Walter Berarducci se expresaron en contra de la remoción de Pedicone de su cargo.
El ahora ex magistrado había quedado en el centro de la polémica en septiembre pasado, luego de que denunciara al vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias. Dos meses antes, según la versión de Pedicone, el ex fiscal de Estado lo había citado a un bar céntrico para pedirle –en nombre del gobierno- que manejara la intensidad de una causa por presunto abuso sexual y otros delitos en contra del legislador Ricardo Bussi (FR), a fin de lograr que el opositor se mantuviera funcional al oficialismo. Si bien adjuntó una grabación de la supuesta conversación –desmentida por Leiva-, el planteo del ex intendente de Monteros no prosperó hasta el momento.
Sí avanzaron en el ámbito de la comisión de Juicio Político de la Legislatura los expedientes iniciados por familiares de víctimas de delitos en contra del ahora ex magistrado.
Los cargos endilgados a Pedicone comprendían desde una actuación sin competencia en la miniferia de agosto hasta dos cuestiones vinculadas con el conflicto de Leiva: “la grabación clandestina” del supuesto diálogo con el vocal de la Corte hasta “la coacción” del secretario Fernando Valladares en la elaboración de un acta. También se adujo que está probado que el juez violó en forma sistemática los derechos de las víctimas, y su ignorancia al anular decisiones tomadas sin oír a estas y a los imputados.