El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluye este miércoles.
De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
Pedido de inquilinos
Desde la Federación de Inquilinos Nacional sostienen que es necesario implementar un “plan de desendeudamiento de las familias inquilinas” y el “control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses”.
El Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Los desalojos
Por otra parte, esta semana se creó el “protocolo de riesgo temprano de desalojo” con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
fuente. agencia