Tras las denuncias de recortes de fondos al municipio bandeño, la intervención de la policía cerrando comercios pese al Decreto Municipal que los autorizaba a trabajar fue la gota que rebalsó el vaso.
La interna política dentro del peronismo tucumano parece cobrar un nuevo capítulo, lejos de buscar el bien común, desde el Ejecutivo parecen empeñados en perjudicar a todos los líderes allegados al vicegobernador.
Recortes y falta de asistencia
Ya hace algunos días, el intendente de Banda del Río Salí Darío Monteros había denunciado el recorte de fondos a su municipio y la falta de asistencia ante la pandemia.
“No le quitan a Darío Monteros, sino a la comunidad de Banda del Río Salí”, dijo. “Parece que esto se trata de ‘pegarle al chancho para que aparezca el dueño’ (por el refrán), aseguró Monteros en dicha ocasión.
“Desde que se produjo el quiebre, el alejamiento entre el vicegobernador y el gobernador, no recibimos los módulos del Ministerio de Desarrollo Social (a cargo de Gabriel Yedlin). Estas cosas, entre otros tópicos que tengo en carpeta, quiero plantearle al gobernador”, enfatizaba el jefe municipal.
Aclaró que los municipios firmaron el Pacto Social con la Casa de Gobierno y, de forma paralela, se “acordaron recursos extraordinarios para el funcionamiento y para obras” en cada jurisdicción.
Contra la autarquía municipal
La intervención policial, a pedido del fiscal Marcelo Leguizamón le sumó un nuevo capítulo a las presiones que recibe el municipio.
Luego de que el funcionario judicial citara a los parlamentarios bandeños que firmaron el Decreto Municipal autorizando la apertura de los comercios “no esenciales” con horarios reducidos, las voces en repudio no se hicieron esperar. Hasta el mismo Osvaldo Jaldo se manifestó en contra de la medida.
“Las Municipalidades son un eslabón sustancial en la adopción y ejecución de medidas en cada una de las jurisdicciones para asegurar la eficacia de las medidas de prevención y difusión del contagio de la Covid-19. Pero sobre todo son las que conocen las necesidades de sus vecinos y deben compatibilizar la salud y la economía de sus jurisdicciones”, afirmó Jaldo.
Juicio político
El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, apuntó contra el fiscal Marcelo Leguizamón, a quien consideró incurso en causales que a su entender, justifican que se le abra un proceso de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
Se trata del funcionario judicial que citó a declarar a los concejales bandeños que apoyaron la decisión del jefe comunal de permitir la apertura de los comercios de esa ciudad, contradiciendo las disposiciones nacional y municipal que prohíben las actividades no esenciales.
Utilizando su cuenta de Twitter, Monteros, convaleciente aún tras haberse contagiado de coronavirus, aseguró que “por este atropello contra los representantes de la voluntad popular en BRS, (el fiscal Leguizamón) sería pasible de juicio político”.
La primera vez que fui electo concejal fue en 1995, desde ahí hasta la fecha, jamás ví tal atropelló a las instituciones o a la autarquía Municipal.
[Abro hilo👇]https://t.co/bksV3dnVSw— Dario Monteros (@DarioMonterosOK) May 28, 2021
Monteros definió la actitud del fiscal como “un atropello a las instituciones” y “a la autarquía municipal”, que nunca había visto hasta la fecha desde que comenzó su actividad política como concejal en 1995.
Esto, a juicio del intendente, viola la independencia de poderes y justifica una denuncia que, si se concreta, sería una paradoja, toda vez que sería someter a un miembro de otro poder al arbitrio de una comisión controlada por el mismo sector político de quien lo acusa.