Por Fabián Seidán para Diario Cuarto Poder | La inseguridad en Tucumán es insoportable y uno de los sectores apuntados por su crecimiento es la Justicia. Uno de los delfines del gobernador Juan Manzur, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, le tiró todo el fardo de la inseguridad a la Justicia, calificándola de “perezosa” y “desidiosa”. Así, mientras crece el estupor de la gente por el mal desempeño de jueces y fiscales en casos que conmovieron a Tucumán, en Buenos Aires ya se habla de una posible intervención de dicho Poder del Estado.
Ola criminal en ascenso
La inseguridad está a la orden del día en Tucumán y pese a que la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic ponderó los avances en la materia, lo cierto es que la ola criminal viene en franco ascenso y preocupa tanto (o más) que la ola del Covid-19.
Las tres patas que tienen que dar respuestas en materia de seguridad son el poder político, el policial y el judicial; y de acuerdo a la sensación reinante, el Poder Judicial no estaría a la altura, dando respuestas a la gente. Muchos jueces y fiscales, terminan siendo noticias por su mal accionar o la falta de acción (a la larga es lo mismo) en casos que conmovieron a la opinión pública.
El legislador Vargas Aignasse, atento a la jugada, desligó al Ministro Claudio Maley y le pegó a la Justicia por la inseguridad. “La pereza judicial se estaba llevando puesta la seguridad. La pereza y la desidia”, apuntó el manzurista en un programa periodístico.
Pero no fue el único programa que habló mal de la Justicia de Tucumán. Hubo uno que fue más lejos y hasta desenmascaró la posibilidad intervencionista de dicho poder del Estado.
La Justicia en la mira
Daniel Bilotta dio a conocer un entuerto de usurpaciones y asociaciones ilícitas en Tafí Viejo que tendría inmiscuidos a funcionarios judiciales de pesos, un intendente, un concejal, un guardaespaldas y un senador nacional.
La investigación periodística sobre usurpaciones de tierras en Tafí Viejo, fue dada a conocer por Daniel Bilotta en el Programa “Odisea Argentina” que conduce Carlos Pagni por el Canal de noticias “La Nación +”, y movió el tablero de la Justicia provincial en sus altas esferas.
Es que el entuerto tendría implicados a funcionarios judiciales de pesos, un intendente, un guardaespaldas y un senador nacional.
Usurpaciones y usurpaciones
Si bien las autoridades argentinas reconocen que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2019, dichas usurpaciones de tierras eran realizadas por gente necesitadas de un terreno para levantar su casa; sin embargo, en Tucumán quienes estarían detrás de esta movida serían personas de poder.
Según Bilotta, un funcionario judicial de peso aparece denunciado por liderar una “asociación ilícita”.
“En este caso, el hecho ocurre en Tafí Viejo –señala-, una ciudad importante del Gran San Miguel de Tucumán. Allí alguien colocó un cartel que dice ‘viva la patria carajo’, y menciona a la fiscal Mariana Rivadeneria por no avanzar en la devolución de una propiedad a un ciudadano que fue expropiado de su tierra”.
Explica Bilotta: “La denuncia judicial data de septiembre de 2019 y fue presentada por el abogado Gustavo Morales, donde se indica al Procurador General de Tucumán, Edmundo Jiménez; por liderar esta asociación ilícita, que integran además el intendente de Tafí Viejo, Mariano (Javier) Noguera; el concejal Fernando Juri, que fue legislador provincial; su ex guardaespalda, Eduardo Luna; y Noelia Medina, que es empleada del municipio taficeño”.
Según destacó “Luna es el encargado de marcar las tierras que van a usurparse y Mediana de fraguar los boletos de los derechos de compra-venta”.
Cómo es el ardid
La investigación periodística indica que la asociación ilícita elige propiedades de proporciones importantes (de 7.000 y 10.000 metros cuadrados) por ejemplo con el aval de Jiménez, fingen una operación de compra-venta, cuando consiguen hacerse de la propiedad la ofrecen aparentemente para construir barrios de viviendas.
“Por qué creemos que no hace nada la fiscal que debería investigar el hecho (Marte Mariana Rivadeneira). Resulta que la fiscal no hace nada porque la fiscal también fue usurpadora. La fiscal, que vive en una zona residencial de Tafi Viejo, se había apropiado de tierras del Instituto Provincial de la Vivienda y anexado a su casa. Por ese motivo la fiscal debió afrontar una causa penal, pero como está muy bien conectada con el poder, luego de un juicio veloz la causa fue cerrada y sobreseída por el Superior Tribunal de Justicia tras devolver los terrenos usurpados”.
El informe de Bilotta aclara que toda esta “inversión inmobiliaria” suele vincularse al senador nacional en uso de licencia, José alperovich. “Porque Jiménez fue su ministro de Justicia. Antes de ser procurador, y Noguera era su viceministro. Entonces allí se estableció la relación”.
Más nombres
“Aparece también vinculado aquí el secretario administrativo de la Procuración General, Carlos Cattaneo, aparentemente acusado de ser el testaferro de Jiménez en esta operación por el vinculo que mantuvieron en el estudio jurídico que ambos tenía antes de entrar en la función pública”, agrega el periodista tras lanzar la bomba.
Cambiar al tío por la sobrina
“Que hace Juan Manzur frente a todo esto. El gobernador quiere que Edmundo Jiménez sea reemplazado por el Fiscal de Estado, Federico Nazur o, en su defecto, sacar al tío y en su lugar poner a la sobrina de éste: Eloísa Jiménez”.
“Se puede creer que este es un tema de venganza pasional, pero no, sólo es de conveniencias: Eloísa estaría en condiciones de garantizar a Manzur aquello que don Jiménez no haría, ya que éste no trabaja desde que se decretaron las restricciones por la pandemia y ni siquiera lo hace de manera virtual. Pero, si Manzur quisiera hacer esto no podría porque está enemistado con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y para destituir a Jiménez necesita contar con los dos tercio del voto de la Legislatura (hoy no lo tiene) tampoco para designar otro”.
Dos pedidos de intervención
Lo interesante de todo esto es que hay dos pedido de intervención al Poder Judicial de Tucumán presentado ante el Congreso de la Nación por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Cano, y otro por el abogado Gustavo Morales.
Según Bilotta, Manzur podría aprovecharse de esto y espera que en agosto se vote en el Congreso la intervención del Poder Judicial provincial. Así esperaría que venga a Tucumán como interventor alguien del palo, un amigo, y así empezar a colonizar la Justicia con su gente, volteando los jueces y fiscales puestos por Alperovich, en su momento.