La preocupación de los comerciantes de la avenida Solano Vera, por el perjuicio que le ocasiona la realización de las obras del Canal San Luis, se dejó de lado gracias a una ley impulsada por el legislador Ariel García en la que se declaró “Zona de Emergencia Comercial y de Servicios” hasta el 31 de diciembre de 2018. Las quejas ante el municipio de Yerba Buena no habían tenido las respuestas concretas a ese problema.
La obra pública es importante porque reactiva el empleo y genera mejores condiciones de vida de los habitantes de la zona en la que se realiza. Sin embargo, muchas veces implica inconvenientes que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales y de servicios. Ese fue el caso de los comerciantes de la zona de avenida Solano Vera, en la ciudad de Yerba Buena, quienes se verán afectados por la realización de las obras de construcción del Canal de Desagüe Pluvial San Luis, por espacio de largos meses.
Los reclamos de los vecinos ante las autoridades de la “Ciudad Jardín”, encabezadas por el intendente Mariano Campero, habían caído en saco roto, por lo que los comerciantes acudieron a la Legislatura, en donde el vicepresidente 2º, Ariel García, impulsó una ley por la que se declaró “Zona de Emergencia Comercial y de Servicios” al lugar. Las razones que se invocaron estuvieron relacionadas al crecimiento demográfico y la existencia de más de 200 comercios y emprendimientos de servicios diversos, que se verán afectados por los cortes de la avenida Solano Vera.
La urgencia de subsanar este problema estaba orientada también al mantenimiento de las fuentes de trabajo. Según las proyecciones que le dieron a conocer los comerciantes al parlamentario, de esos pequeños, medianos y grandes emprendimientos dependen 1000 personas.
La noticia de la sanción de la normativa fue muy bien recibida por los comerciantes, quienes habían llevado hace una semana su reclamo a la propia sede municipal. Allí habían dialogado con el jefe de Gabinete, Manuel Courel, con quien no arribaron a ninguna solución. Hasta el lugar fue el propio intendente Campero, quien tampoco brindó una salida.
El vicepresidente 2° de la Cámara sostuvo que los comerciantes alcanzados por esta emergencia, gozarán de la exención de tributos provinciales existentes o a crearse, por el plazo que dure la emergencia declarada, ya sea en forma total o escalonada, según lo que disponga la reglamentación; la asistencia y asesoramiento técnico por parte de los organismos del Estado, tanto en el aspecto administrativo como tecnológico y financiero; el apoyo y participación estatal en la gestión de exenciones y reducciones impositivas, tarifarias, medidas de promoción o amparo y otras franquicias en el orden nacional o municipal.
Sostuvo que “ahora qué dirá el intendente Campero sobre las herramientas que le estamos dando. Seguramente dirá que le ponemos palos en las ruedas, como lo viene haciendo sistemáticamente para culpar a otros de los desaciertos que viene cometiendo desde que asumió”.