En la Argentina, cinco millones de personas alquilan una vivienda, según datos del INDEC. De acuerdo a algunas asociaciones civiles, la cifra crece a ocho millones y medio. Para todo ese caudal de inquilinos, el 30 de septiembre es una fecha bisagra. Ese día vence un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno nacional publicó en el inicio de la cuarentena y los afecta de manera directa.
El DNU generó un paréntesis en el que se congelaron los precios de los alquileres, se suspendieron los desalojos por falta de pago y se prorrogaron contratos. Pero lo decretado el 29 de marzo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre, fecha para la que falta poco más de un mes y medio, y de no haber una extensión significará un problema para millones de familias argentinas.
Tema preocupante
“Todas las consultas que hoy recibimos refieren al decreto. En este momento no hay otro tema que preocupe más”, dice Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados y uno de los principales impulsores de la ley de alquileres que se votó y promulgó en junio, durante la pandemia.
“Hay mucha incertidumbre e intranquilidad económica. Nos consulta tanto el inquilino que no está pudiendo pagar el alquiler y necesita de la extensión del decreto para mantener la vivienda, como el que está al día con los pagos pero se le vence el contrato y, de terminar el DNU, no tiene el dinero para renegociar o encarar una mudanza”, ejemplifica Muñoz.
El decreto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, estableció que la pandemia de coronavirus exigía “extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social” y que, por lo tanto, debía velar por el derecho a la salud pero también por el derecho a la vivienda.
fuente: clarin