El detalle de cómo el kirchnerismo -y los amigos del vice- se apropiaron de la imprenta de los billetes.
Cristina Fernández, siendo Presidenta de la República, supo que Amado Boudou había comprado la fábrica de billetes Ciccone Calcográfica Supo qué banco local estaba involucrado en esa trama, el Macro, de Jorge Brito. Y aun así protegió a su vice cuando el caso se difundió de manera masiva en febrero de 2012.
Más que eso. No solo defendió a Boudou, nunca en declaraciones públicas pero sí a través de órdenes y estrategias que le hizo cumplir en privado, sino que también utilizó acciones gubernamentales, primero, para hacerle ganar dinero a esa imprenta cuando ya estaba bajo sospecha judicial. Y luego para intentar garantizarle impunidad a su vice -y a ella misma también- cuando envió al Congreso un decreto pidiendo que se estatice esa planta gráfica. Fue en agosto del 2012.
Además del kirchnerismo legislativo, acompañaron a esa medida insólita diputados y senadores de la oposición. Jamás en la historia de la economía argentina el Gobierno había estatizado una compañía sin que sus accionistas mayoritarios reclamaran la indemnización que les corresponde por mandato de la Constitución Nacional.
Quien presidió la sesión en el Senado cuando se trató esta cuestión fue el propio Boudou, titular de ese cuerpo debido a que ocupaba el cargo de vicepresidente de la República.
Y también le puso fecha a declaraciones indagatorias del acusado de ser otro de los testaferros de Boudou, Alejandro Vandenbroele; a otro de sus viejos amigos de Mar del Plata y gerente de su “holding”, Juan Carlos “El Sordo” López; y a una ex novia del ex vice, Agustina Kämpfer.
Fue en el marco del expediente Ciccone que investiga el enriquecimiento ilícito de Boudou y el posible lavado de dinero gracias a la influencia que habría usado desde sus cargos de ministro de Economía y vicepresidente para generar negocios ilegales que se materializaban en el ámbito privado a través de Núñez Carmona y Vandenbroele.
Los argumentos para meter preso a dos figuras emblemáticas de la supuesta corrupción K fueron, según el escrito del magistrado Lijo, que podrían obstruir el accionar judicial.
Boudou ocupó el segundo cargo en importancia del Poder Ejecutivo, con todo el poder que eso conlleva en un país como la Argentina, aun tras volver al llano. Y Núñez Carmona, fiel a su estilo desapegado e informal ante las normas legales, desoyó las órdenes del tribunal cuando se le pidió que avisara de modo formal y diera explicaciones de sus viajes al exterior para hacer negocios. El socio del ex vice no cumplió. En su historial comercial y judicial esta fue siempre su regla, y no la excepción.
Cristina Fernández sabía que Boudou estaba detrás del cambio de manos de la megaimprenta Ciccone antes de que la ciudadana Laura Muñoz dijera en Radio Mitre y en Clarín que su ex esposo, Alejandro Vandenbroele, era “testaferro” del vicepresidente y que trabajaba junto a Núñez Carmona.
En las elecciones presidenciales de 2011, en las que ella eligió a Boudou como candidato a vicepresidente sin consultarlo ni con el peronismo ni con su Gabinete, el Frente para la Victoria intentó imprimir sus boletas electorales… en la imprenta Ciccone Calcográfica, ya bajo el mando de la sociedad comercial The Old Fund, presidida por Vandenbroele.
Como las máquinas impresoras de esa compañía no alcanzaban a confeccionar esos papeles cruciales para la votación, debido al largo que tenían porque se disputaban también Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el socio de Boudou y Vandenbroele debieron pedirle consejo a quien sí es un imprentero del alma y no un improvisado absoluto como ellos, Nicolás Ciccone, quien fundó la imprenta que llevaba su apellido junto a su hermano, Héctor, ya fallecido.
Ciccone asegura, y así lo dijo en el juicio oral sobre el caso, con Boudou enfrente suyo, que se vio presionado a entregarle a su firma gráfica a representantes del Gobierno K porque la AFIP le había pedido la quiebra mientras al mismo tiempo el mismo Estado no le pagaban fondos que le adeudaban por la confección de pasaportes.
O sea: el 54,11 % del electorado que votó por la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou en los comicios de 2011 sufragó metiendo en las urnas boletas que habían sido impresas por la ex Ciccone.
La causa judicial Ciccone avanzó de tal modo, en la primera instrucción que llevó adelante el fiscal Carlos Rívolo junto al juez Daniel Rafecas, que Boudou, por orden de la Presidenta, se presentó en la Semana Santa de ese mismo año en un Senado vacío por los feriados para denunciar un complot que incluía, según él, al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, a Rívolo, a Rafecas, a empresarios del juego y de los medios, entre otros acusados más.
Righi fue echado de su cargo por orden de la Casa Rosada. Rívolo fue apartado de la instrucción.
Rafecas también, aunque con un matiz: se dieron a conocer chats que el juez mantenía con un amigo de su infancia pero que también era amigo de Boudou, Ignacio Iturrazpe.
El caso pasó a ser investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
En abril de 2012, la Presidenta de la Nación le ordenó al Banco Central que contratase a Ciccone Calcográfica, ya en manos de los amigos y acusados de ser los testaferros del vice, para fabricar en esa planta gráfica 410 millones de billetes de 100 pesos.
Amado Boudou preso: Cristina Kirchner sabía todo
Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por una causa de enriquecimiento ilícito. (Luciano Thierberger)
Eso le generó una ganancia de 160 millones de pesos a la sociedad comercial que manejaba en nombre de Boudou a la imprenta, llamada The Old Fund.
A esa altura del primer año de la segunda gestión presidencial de Cristina, Ciccone Calcográfica ya era investigada por lavado de dinero en Uruguay.
O sea: el Estado Nacional imprimió dinero en una empresa investigada por lavado de divisas.
En agosto de ese mismo año, la Presidenta ordenó expropiar Ciccone Calcográfica, aduciendo que buscaba así recuperar la “soberanía monetaria”.
A los pocos meses, los billetes de 100 pesos de la Argentina se imprimían también en Brasil y Chile.
La ex Presidenta, hoy senadora nacional con fueros, supo lo que había hecho en su momento su vice, antes su ministro de Economía respecto a Ciccone, y otros negocios más de similar estilo.
Lo defendió pese al escándalo judicial y político desatado alrededor de una figura que se ganó su confianza absoluta.
Pero jamás, nunca, en cuatro años como Presidenta, se animó a hacer una defensa pública del hombre al que eligió para que la sucediera en el cargo por si algo le llegaba a pasar. El presidente del Senado de la Nación. Allí donde se legisla para hacer las leyes.
Fuente: Clarín