El caso del submarino ARA San Juan tiene un enorme impacto social y derivaciones políticas. Las investigaciones tendrán que dar respuestas sobre lo ocurrido.
Habrá que investigar, sin dudas, qué sucedió, por qué. Y comunicarlo: es una señal debida a las familias de los tripulantes para enfrentar el sufrimiento, el vacío de estas horas, y es parte necesaria del camino para asimilar el golpe colectivamente. Un primer paso, indispensable, pero no el último hacia atrás y tampoco a futuro. ¿Será más que un espasmo?
En medio de la conmoción, la prueba recién empieza. El desafío inicial, en los tiempos que corren, posiblemente sea encarrilar de entrada una investigación que supere la trampa de la denominada grieta, la fosa tóxica donde no importan los datos, ni las pruebas, ni cualquier tipo de comprobación.
Y otro desafío, para nada menor, es superar el diagnóstico sencillo: por ejemplo, suponer que todo es consecuencia de un problema exclusivamente presupuestario de las Fuerzas Armadas, que arrancó y se agudizó durante estas tres décadas de democracia, como si en espejo, la historia anterior, la del poder militar con enormes presupuestos, no dijera nada en sentido inverso.
Seguramente, la cuestión militar no se agota en un tema de plata. ¿Habrá espacio para debatir en serio qué tipo de Fuerzas Armadas necesita el país y recién después cuánto cuesta esa reconversión? Si nada vas más allá del espasmo inicial, el riesgo es que la reacción quede restringida a explicaciones y debates de circunstancia o –expresión del mismo reflejo- a medidas tomadas a la carrera, como si ese ejercicio fuera algo parecido a exponer respuestas.
Pero antes, claro, aparecen un par de cuestiones básicas, ineludibles. No son datos menores los problemas en la comunicación pública del caso y las demoras de la Armada en elevar la información al nivel más alto del Gobierno.
Al margen de las especulaciones sobre imagen o costos políticos, resulta evidente que debió ser asumido de entrada el compromiso de comunicar a la sociedad con las máximas autoridades en primera línea, como ocurrió recién ayer. Y habrá que determinar si la falta inicial de la Armada pudo haber demorado pedidos de colaboración vitales a nivel internacional o gestiones como la realizada por el embajador Rafael Grossi, que permitió obtener datos relevantes sobre la supuesta explosión para avanzar con la búsqueda.
En lo inmediato, claro, el caso del submarino San Juan tendrá consecuencias directas. Según deja trascender el propio oficialismo, son contadas las horas de la cúpula de la Armada, centralmente por el ocultamiento o demora en informar el caso al propio Presidente. Hay dudas además sobre la continuidad en el mediano plazo del ministro de Defensa, Oscar Aguad, por el manejo de la crisis y de la comunicación, entre otras razones.
Será ese el primer capítulo, en medio de especulaciones sobre costos políticos: difícil suponer que el impacto quede limitado a un solo actor. Estarán en la mira de la investigación, en principio interna, los procedimientos y controles previos a la partida de la nave y la puesta en marcha de las medidas o protocolos indicados en estas circunstancias, condicionantes a su vez de los pedidos de colaboración internacional.
Por supuesto, el estado del submarino remite además a los trabajos de reparación entre 2008 y 2014, de extrema complejidad, según relatan extensas notas de entonces y la empresa estatal Tandanor en su sitio web. ¿No hubo antecedentes que encendieran alarmas? En estos días surgieron algunas versiones de ese tipo, que por ahora no se expresaron en denuncias.
La investigación, como se ve, necesariamente deberá atravesar la línea temporal que separa la gestión kirchnerista del actual gobierno. Es algo más serio que la grieta.
En paralelo con las tensiones de estos días, también comenzó a instalarse la discusión sobre el estado de las estructuras militares. No es algo nuevo y junto al punto del nivel presupuestario aparece el interrogante, largamente sin respuesta, acerca del papel que deberían tener las Fuerzas Armadas, asentada como está la democracia y en un contexto global que se ha modificado de manera sustancial en los últimos años, entre otras razones centrales por el constante y vertiginoso desarrollo de tecnologías.
Vale un breve repaso del tiempo. Las Fuerzas Armadas fueron un factor de poder determinante durante más de medio siglo, hasta 1983. Manejaron presupuestos enormes y marcaron uno de los momentos más oscuros y trágicos de la historia argentina contemporánea: los años de la última dictadura, con el agregado final de la guerra de Malvinas.
Raúl Alfonsín debió orientar parte central de su política en ese terreno a desmontar aquel cuadro, con aciertos, contradicciones y un avance para colocar también en el plano de la Justicia el necesario fin de aquel largo ciclo. Carlos Menem tuvo que enfrentar en el primer tramo de gobierno estribaciones de las rebeliones carapintadas. Después, al margen de otras consideraciones, sobreactuó la relación con Estados Unidos y entró en zona de riesgo para el país, colocando a los militares dentro de esa estrategia.
Por supuesto, los recortes de fondos y la falta de rumbo entraron después en una especie de inercia, que continuó en la etapa kirchnerista, con dos peligrosos añadidos: el enorme crecimiento de fondos para el área de inteligencia y el ensayo de darle aire otra vez a las Fuerzas Armadas como actor político, bajo el título de “proyecto nacional”. Todo durante el esplendor del general César Milani, detenido desde principios de año en causas por violaciones a los derechos humanos y procesado por enriquecimiento ilícito.
El repaso, incompleto, alcanza al menos para observar en espejo que el análisis no debería quedar restringido al mucho o poco presupuesto. La lectura no puede arrancar por ahí, sino por debatir seriamente el papel de las Fuerzas Armadas para resolver después cómo se traduce esa definición en recursos presupuestarios.
El efecto de las urnas –su expresión en un tablero sin mayorías absolutas- está imponiendo una época de acuerdos políticos. Tal vez sea una oportunidad para el tratamiento de la cuestión militar.
Fuente: Infobae