Por esa protesta contra el gobernador Morales quedó detenida hace más de un año. Luego la multaron.
El Juzgado de Control en lo Penal N°3 de Jujuy declaró la nulidad del juicio contravencional contra Milagro Sala por el acampe frente a la gobernación jujeña; hecho por el que fue detenida en primera instancia a principios de 2016. Luego se sumaron otras graves acusaciones.
La dirigente social había sido condenado a pagar una multa de $ 3.780 y había quedado inhabilitada a formar parte de organizaciones con personería jurídica -es decir de la Tupac Amaru- por tres años.
Pero ahora, el juez Isidoro Cruz, el mismo que rechazó el pedido de detención del ex gobernador Eduardo Fellner, dio marcha atrás.
Según la cédula de notificación, se declara “la nulidad del procedimiento llevado a cabo por el Juez Contravencional N°1, Matías Ustarez Carrillo, como así también del juicio contravencional y de la sentencia dictada en el mismo”.
No se conocieron aún los fundamentos de la decisión, pero se estima que el juez entendió que la dirigente no debería haber sido juzgada por el Código Contravencional que entró en vigencia el 1° de enero de 2016, sino por la ley de Faltas anterior, ya que el delito que se juzgó comenzó en diciembre de 2015, aunque la detuvieron el 16 de enero del año siguiente.
Sala fue condenada finalmente el pasado 29 de diciembre de 2016 por la ocupación del espacio público y alteración del orden durante un acampe y protesta consumado durante 51 días en la plaza Belgrano, entre diciembre y enero de 2016.
Si bien ese había sido en primer momento la causa por la que fue detenida, por “instigación a cometer ilícitos y tumulto”, después fue excarcelada por eso y quedó en prisión preventiva por la imputación en la causa por “asociación Ilícita, fraude a la administración pública y extorsión” por el supuesto desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.
Por eso, esta nulidad no altera su situación penal. Sólo la resolución de la Corte Suprema de Justicia puede liberarla o cambiar su estadía en el penal de Alto Comedero por una prisión domiciliaria.
Fuente: Clarín