El flagelo constituye además una amenaza a la conservación del ecosistema y las especies marítimas porque la actividad se realiza sin control, siendo el calamar, la merluza y el abadejo las más afectadas en forma directa.
La pesca ilegal (principalmente la que ocurre en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según estimaciones de especialistas.
En diálogo con Télam, el director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó que “la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada”.
Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.
En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.
Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.
Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.
En particular, han tomado relevancia la decisión de discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas y la sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.
También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina, que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2017.
Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.
“La extensión que plasma el nuevo mapa es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial marítimo, si no también los recursos naturales que devienen en un potencial para el desarrollo económico de nuestra Nación”, explicó Rattenbach a Télam.
En tanto, Eduardo Pucci aseguró que “la extensión de la plataforma tiene una enorme importancia geopolítica”, pero aclaró que “no tiene potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200, si no sobre la exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos sedentarios”.
Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, dijo a Télam que “el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta” y que la que principalmente afecta a Argentina es “la que se da en aguas de Malvinas”.
En consonancia, destacó que en el 2020 “capturamos tres barcos, que es una cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la temporada”.
Por su parte, la pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional.
De acuerdo a sus estimaciones, el flagelo alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a los US$ 1.000 millones.
Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, Pucci resalta que con la pesca no reglamentada “lo que más se afecta es el desarrollo pesquero argentino” ya que la industria nacional debe competir contra “depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones”, lo que abarata sus costos.
Al respecto, Rattenbach señala que, a la enajenación de recursos e ingresos, hay que sumarle “la pérdida de puestos de trabajo directos de la actividad e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional o mantenimiento de flotas”.
“En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques argentinos, el resto violan el deber de cooperación, el principio ecosistémico y de pesca responsables, sin tomar en cuenta ninguna medida de conservación”, remarcó Pucci.
Y concluyó: “Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a la ZEE porque son recursos transzonales, dado que los peces no permanecen estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación”.
Así, la pesca ilegal y la no reglamentada en conjunto causan una pérdida económica de, al menos, US$ 2.000 millones al año; contribuyen a la depredación del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limitan el potencial de la industria nacional.