El decreto rubricado por el gobernador Osvaldo Jaldo para la compra de cien ómnibus destinados a reforzar los servicios de transporte de pasajeros en los ámbitos metropolitano y rural, progresa en la Legislatura, aún con resistencia y posturas encontradas.
La comisión de Hacienda y Presupuesto le dio dictamen este jueves al instrumento legal que dispone que la Provincia adquiera los coches mediante un cotejo de precios, en el marco de la Ley de Emergencia en el Transporte (9.773), para cederlos a las empresas a título oneroso.
Claro que la decisión nu fue unánime, por lo que se emitió un dictamen de mayoría, que contó con apoyo de la oposición, y un dictamen de minoría en el que el único firmante expuso su rechazo a las formas.
El comité que preside Carlos Gallia avaló asi el decreto del Ejecutivo, que debe ser ratificado o rechazado por la Cámara sin que se permitan modificaciones previas.
Y aún cuando no hubo unanimidad, el ex intendente de Lules dijo que hubo consenso en el encuentro, dado que “la realidad es que hoy hay una necesidad en el transporte público”.
Gallia reveló que ante sus pares avaló que la adquisición se realice por DNU y no de otro modo. “Hoy necesitamos con urgencia; antes de fin de año tener los colectivos en la calle funcionando”, argumentó.
Las explicaciones que dio en la reunión de Labor Parlamentaria el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, aparentemente sirvieron para aclarar dudas de algunos parlamentarios de la oposición.
Esto apuró el aval de los oficialistas Gallia, Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa, y Hugo Ledesma, a quienes se sumó Claudio Viña (Compromiso Tucumán), quien desde el inicio tuvo una postura crítica por las formas, pero coincidió en la necesidad.
La disidencia que derivó en la redacción y rúbrica del dictamen de minoría corrió por cuenta del radical Manuel Courel (Cambia Tucumán), quien había presentado un proyecto de ley en rechazo del DNU.
Su idea es que se faculte a los ministros Abad y Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos) a que llamen a licitación nacional por la adquisición de colectivos por $16.000 millones.
Insta asimismo a que las unidades se transfieran a título oneroso a las firmas, con prenda, y que se retengan fondos de las compensaciones para el pago en cuotas de los vehículos.
“Esto se está haciendo de forma improvisada”, acusó Courel. “Quiero que hagamos las cosas bien. Estamos de acuerdo en que hacen falta nuevos colectivos; acompañemos eso, pero lo hagamos bien. Puede haber demandas judiciales, son fondos públicos”.
Aludiendo a su experiencia en un ejecutivo municipal, Gallia respaldó a Jaldo por su determinación de dar soluciones para el servicio. “A la gente no le va a interesar de qué manera compramos; quiere que sea un colectivo bueno, que vaya a horario y que llegue a destino. Eso se está priorizando”, afirmó.
Al mismo tiempo aclaró que si bien la compra será directa, se tomarán recaudos con pliegos con bases y condiciones, como si fuera una licitación para darle transparencia.
El DNU también sería abordado por la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, donde see estima que habrá dictamen de mayoría y de minoría, ya que José Seleme (Valores para Tucumán) también presentó un proyecto en rechazo del decreto junto a Silvia Elías de Pérez.
El comité cuenta también con la presencia del republicano Eduardo Verón Guerra, quien ya expresó inquietudes sobre el instrumento.