La fiscal del caso que involucra a uniformados de la policía por presunta corrupción llevó a cabo allanamientos en la base de la división de drogas de la Policía (DIDROP) en busca de material que aporte pruebas a la causa. Los policías habrían intentado extorsionar con armarle una causa a un comerciante.
La sede de la Dirección de Drogas Peligrosas fue allanada por orden de la Justicia. La medida se realizó para tratar de confirmar o descartar la participación de efectivos de esa repartición en un caso de secuestro extorsivo.
Clan Reynoso
Por este hecho, ya se encuentra tras las rejas un hombre que integró el Clan Reynoso, grupo oriundo de Tafí Viejo, que fue acusado de haber cometido delitos similares y que también habría contado con apoyo policial. La fecha de juicio aún no fue definida.
El origen de estos sucesos data de enero, cuando un joven (cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar su integridad física) adquirió un Renault Logan. Semanas después, el vendedor (al que identificó como un tal “José”) lo llamó para ofrecerle otro vehículo. Acordaron encontrarse en el bar de un centro de compras de la avenida Roca.
Policías de la DIDROP
En el lugar fue abordado por cuatro personas que se identificaron como policías de la DIDROP Capital y le secuestraron el auto porque -según consta en el expediente- encontraron irregularidades entre la tarjeta y el título del vehículo. Hablaron a la fiscalía y recibieron la orden de secuestrar el auto, pero no recibieron orden alguna de aprehensión en contra del propietario. Pese a ellos, lo trasladaron hasta Subjefatura de Policía, donde funciona la base.
El comerciante, según confiaron fuentes judiciales, denunció que lo encerraron en una pieza oscura por más de dos horas; le tomaron las huellas dactilares a pesar de que no había pedido de detención; y le exigieron $ 100.000 para no abrir una causa en su contra.
Interviene la policía de Aguilares
El joven aceptó, pero pidió que lo acompañaran hasta una empresa crediticia para conseguir el dinero. Al llegar, se dieron cuenta que estaba cerrada, por lo que habló a un pariente de Aguilares para solicitarle esa suma dinero. El pariente, que habría conseguido $ 30.000, le dijo que fuera a buscarlo a esa ciudad. Luego de acordar el encuentro, el familiar llamó a la Policía.
Averiguaciones
Mientras tanto, la mujer del damnificado se había presentado en la ex Brigada de Investigaciones para preguntar por su marido. Pero allí negaron haber interrogado al comerciante y hasta le pidieron datos a la esposa para averiguar el paradero del sujeto.
Los policías de Aguilares, en paralelo, ubicaron el vehículo en que era llevado el comerciante y llevaron a él y a sus acompañantes a la comisaría. Allí, la víctima contó que lo habían privado de su libertad y que lo estaban extorsionando.
La Justicia, entonces, pidió la detención de Juan Carlos Ortiz (vinculado al Clan Reynoso y que se hacía pasar por el tal “José”), Leonardo Núñez (agente de Policía que presta servicios en el Servicio 911) y Lucio Enríquez, por ser sospechosos de haber participado en el incidente.
La trama secreta
Los investigadores del sur de la provincia llamaron a la oficina de la fuerza que verifica la situación legal de los vehículos. Confirmaron, entonces, dos cuestiones: que el auto del comerciante no registraba inconvenientes y que el comisario Sergio Sosa, subdirector de la Dirección de Drogas Peligrosas (estaba a cargo de la división porque su titular se encuentra de licencia) había realizado horas antes las mismas averiguaciones. Decidieron profundizar esa línea.
Así descubrieron que un equipo de la Didrop había demorado al denunciante. Su versión era que la víctima había eludido un control y que por eso decidieron analizar el vehículo. Confirmaron que por orden de la Justicia lo trasladaron hasta su base. No supieron explicar por qué no dieron intervención a los especialistas de la fuerza que trabajan en la división Sustracción de Automotores. Tampoco pudieron dar razones acerca de qué los llevó a establecer que se trataba de un auto irregular, considerando que el coche no tenía impedimento legal para circular.
Dos semanas en la DIDROP
Se confirmó además que el personal que intervino en el secuestro del vehículo no llevaba ni siquiera dos semanas de servicio en la DIDROP. Su llegada se produjo por recomendación del comisario Sosa, que asumió el cargo el 19 de enero.
La fiscal Mariana Rivadeneira ordenó que se allanara la repartición policial. El viernes, personal de la fuerza secuestró de la oficina el libro de guardia (deberían estar asentados los motivos del secuestro del auto), el libro de Rol de Combate (organigrama de la función del personal) y se tomaron fotografías de las oficinas.
Los resultados de la medida aún no se conocieron. Tampoco se informó si la fiscal citará a declarar a los policías. Pero trascendió que la fuerza inició un trámite administrativo para deslindar responsabilidades.
fuente: lagaceta