Desde el Centro Cívico no se ve. A primera vista, en Bariloche los esquiadores vuelven de la felicidad, los egresados saltan, hay montañas blancas, sonidos de aldea. Pero el drama social está a 6 kilómetros, en la zona del Alto, un encadenado de barrios humildes al que los turistas no llegan. Ahí arriba, en la comisaría 42°, trabajó el oficial Lucas Muñoz hasta el 14 de julio. Ese día lo metieron en un Corsa y lo desaparecieron, cuando llegaba al destacamento. Una hipótesis dice que Lucas llevaba una mochila con cocaína. Otra que iba limpio a trabajar. Como sea, pasó 27 días cautivo hasta que arrojaron su cadáver a un descampado. En el mismo lugar, a 400 metros, había aparecido meses antes y sin vida Micaela Bravo, otra chica asesinada posiblemente con mano de obra policial. El cuerpo de Muñoz apareció tres horas después de que el gobernador Alberto Weretilneck se reuniera con los máximos responsables policiales de la ciudad para exigir resultados. Lucas recibió un tiro en la nuca y otro en la rodilla. Le faltaban cuatro dedos. Es espumosa la posibilidad de que se los hayan comido los perros.
El crimen destapó una trama de mafias policiales vinculadas al narcotráfico y la trata. Daniela Rodia, la novia de Lucas, jura que su pareja iba a denunciarlo. “Me decía que la ciudad no daba para más”, recuerda. Pero la Justicia descree de la historia del policía héroe. De acuerdo con datos que maneja el fiscal Martín Govetto, Lucas no era un trabajador ejemplar. “Llegaba tarde, tenía antecedentes y problemas de adicción. Respondía a una estructura viciada”, afirma un investigador. Creen que Lucas integraba una banda de policías narcos y que pudo haber participado con varios de ellos en una fiesta sexual con mujeres esclavizadas. Otra línea señala que podría haberse quedado con cocaína de un decomiso para hacer su propio juego. “No descartamos nada”, dice Govetto. Son 12 los policías expulsados tras la aparición del cuerpo. Tres detenidos. “De mínima, serán juzgados por encubrimiento –dice el gobernador Weretilneck–, saben el motivo del crimen”.
Pero más allá de esto, está la ciudad desnuda. Cierta idea de que en estos años el poder político administró los ilegalismos pero no los suprimió. El Alto Bariloche tiene dinámica de Conurbano, con comisarios enquistados que manejan cajas de financiamiento asociados con delincuentes pesados. Muchos de ellos padecen problemas de adicción. Es lo que surge después de conversar con jueces, fiscales y vecinos. Nada nuevo por aquí. La novedad es que el crimen de Lucas corrió el velo que lo ocultaba y pulverizó una lógica primaria: desde 2010, fueron más de 20 las muertes de civiles con efectivos involucrados. Pero hasta ahora nunca la Policía había matado a un policía, como se presume. Por eso la implosión.
“Necesitamos otro control interno –admite Weretilneck–. Bariloche tiene un costo de vida alto. A muchos policías les sale caro vivir acá. Por eso no hubo rotación”. La ciudad tiene la tasa de homicidios más alta de la Patagonia. Doce en lo que va del año. “El salto es alarmante –reconoce Govetto–. Lo usual era uno por mes”. En la ciudad no se cumple la ley de trata. Funcionan cuatro prostíbulos céntricos y una inmensa mole de cemento –el edificio Bariloche Center– es señalado como una colmena de “privados” atendidos por prostitutas de toda procedencia. Está frente a la Regional 3° (hoy intervenida), la principal comisaría de la ciudad. “No podemos hacer mucho si son actividades privadas”, reconoce el gobernador. “Existen, sí”, admite el intendente Gustavo Genusso.
Fuente: Clarín