El juez Claudio Bonadio investiga si a través de la sociedad “Los Sauces”, propiedad de la familia Kirchner, se cometieron los delitos de lavado de dinero y cohecho. Esa sociedad recibió pagos por alquileres de sus propiedades casi con exclusividad de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, dos hombres de negocios que crecieron exponencialmente durante el kirchnerismo.
Según explicaron fuentes judiciales, en los más de seis meses que lleva la investigación se detectaron irregularidades en el funcionamiento tanto de “Los Sauces” como en el de la “Sucesión de Néstor Carlos Kirchner“.
Esas dos sociedades fueron intervenidas judicialmente por medio año por orden de Bonadio. No será el juez quién designe a los interventores: saldrán de un sorteo que se realizará-mediante sistema informático- entre los disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los interventores asumirán la conducción de las dos sociedades.
En el primer caso, el juez ordenó remover al diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner del cargo de administrador de la “Sucesión de Néstor Carlos Kirchner”. El interventor judicial designado allí deberá administrar la sucesión y además deberá informarle al juez diferentes situaciones. Tendrá que dar a conocer todos los pagos realizados y recibidos por esa sucesión y la sociedad “Los Sauces” o cualquiera de sus socios: la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También debe reportar si hubo pagos cruzados entre la sucesión y empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y del histórico socio de los Kirchner Osvaldo Sanfelice.
El interventor judicial tendrá que dar-a partir de la documentación disponible de la sociedad- la mayor cantidad de detalles que expliquen cada una de las operaciones.
Otro interventor judicial se deberá hacer cargo de “Los Sauces”. Durante seis meses deberá informar al juzgado de Bonadio si existieron transferencias desde esa sociedad con la sucesión, con los socios de esa firma, y con las empresas de Báez, López y Sanfelice. Y deberá explicar cómo se hizo cada una de esas operaciones.
Bonadio también ordenó que sean designados interventores informantes en todas las sociedades de Báez, López y Sanfelice que aparecen en la investigación realizando operaciones cruzadas con los Kirchner. En este caso los interventores deberán solo informar de los movimientos entres las empresas y las dos sociedades de los Kirchner.
Según fuentes judiciales, Bonadio llegó a esa determinación luego de constatar en la causa un maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.
Se detectaron durante la investigación, por ejemplo, numerosas transferencias entre “Los Sauces” y la sucesión sin que exista una justificación desde el punto de vista comercial o financiero.
Se hallaron pagos cruzados entre las sociedades investigadas que no tienen respaldo documental. Y también sociedades que pagaron haberes de empleados de “Los Sauces”.
Según determinó la Unidad de Información Financiera (UIF) parte de 4,6 millones de dólares que terminaron en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner provienen de transferencias realizadas desde cuentas de socios de los “Los Sauces” o desde la cuenta de la sucesión.
Según explicaron las fuentes, Bonadio tomó la decisión de intervenir judicialmente las empresas para que finalice la posible comisión del delito de lavado de dinero que configurarían las operaciones cruzadas entre las sociedades bajo investigación judicial.