El dueño de una pyme fue trasladado a la comisaría cuando participaba de una protesta.
En la jerga de la mafia policial un “cortito” es, por ejemplo, el cobro de una extorsión para liberar a un inocente al que le armaron una causa y fue “retenido” en una comisaría de manera ilegal, y sin registrar su ingreso en el libro de entradas. También la exigencia de una coima a un narco que es descubierto vendiendo al menudeo, a cambio de no terminar con sus huesos en un calabozo. El “cortito” es la recaudación rápida de dinero ilegal sin dejar pruebas.
En el imaginario popular está establecido que esto ocurre. Hay causas judiciales donde se relatan estas y otras maniobras delictivas encabezadas por quienes deberían brindar seguridad. Son pequeñas mafias policiales que actúan, la mayoría de las veces, con complicidad del comisario y la torta se reparte “hacia arriba”, conservando la estructura piramidal de mando. Otras veces, esas matufias, se realiza a espaldas de los superiores jerárquicos.
En la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los “cortitos” tuvieron su apogeo en los años ’90, y se extendió en el tiempo. Para erradicar esos bolsones de corrupción hace falta, no solo la voluntad del ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Genera de Asuntos Internos, sino de la valentía de las víctimas presas de las garras uniformadas, y el compromiso de la justicia para castigar a los delincuentes con chapa y pistola. Cuando esas tres variables se unen para formar un triángulo, un haz luminoso parece marcar el camino.
Es lo que sucedió en la Comisaría 1° de Adrogué, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde dos oficiales, el teniente primero Gustavo Alejandro Domínguez y el ayudante Jonatan Emmanuel Conde, se asociaron para “extorsionar” -según la calificación del expediente a cargo del fiscal Pablo Rossi- a un comerciante de la zona al que le exigieron un pago de 60.000 a cambio de no levantar cargos en su contra, ni trasladarlo “a otra comisaría en la que lo pondrían junto a delincuentes peligrosos”.
El calvario del hombre comenzó a las 10.45 del viernes pasado. Él, junto a varios de sus empleados, decidieron realizar un “escrache” frente al Palacio Municipal. Fue la manera que había elegido para protestar contra el intendente Mariano Cascallares por una deuda que el alcalde mantendría con un grupo de proveedores. Cierto o no, a esa hora el dueño de la Pyme y sus empleados fueron detenidos por personal del Comando de Patrullas y trasladados a la Comisaría 1ª de Adrogué.
Enterada de lo sucedido, la mujer del pequeño empresario se presentó en la repartición. La recibió un uniformado que se presentó como el “comisario”, le aseguró que todos los empleados serían liberados, que le devolverían las camionetas de la empresa con las cuales cortaban las calles, y que su pareja seguiría “demorado en la dependencia” acusado por el delito de “amenazas”.
La mujer y el hombre protestaron. Aseguraron que no amenazaron a nadie. Que sólo querían cobrar lo adeudado porque estaban a punto de fundirse.
El supuesto comisario intentó calmar a la mujer. Dijo que una fiscalía ya estaba interviniendo y que su esposo sería liberado en cuanto declarara.
Nada de eso ocurrió. A las 20.42 el hombre que seguía sentado en una silla frente a una pared blanca, con hambre e impaciente, comprendió que nada estaba bien y que tanto él como su mujer eran víctimas de la corrupción policial que tantas veces había escuchado en las noticias.
Faltaban 18 minutos para las 21 cuando la mujer del comerciante recibió un llamado telefónico. Un policía, que no se identificó, le pidió que llevara “comida y ropa a su esposo”. Al llegar fue recibida por una “mujer vestida con guardapolvo celeste”. Le solicitó que “espere”. Se sentó en un banco de madera junto a su hijo.
A los pocos minutos, “un efectivo vestido de civil, y que se presentó como el teniente Domínguez”, recibió “el bolso con los alimentos, la muda de ropa y los elementos de higiene para su esposo”. El oficial salió. Cerró la puerta detrás suyo, y al rato volvió a ingresar. Pidió que el menor se quedara en la sala y trasladó a la mujer hasta la oficina donde su pareja continuaba retenido. Después de abrazarlo, su esposo le contó las malas nuevas: Domínguez le exigía un pago en efectivo de $60.000 para dejarlo en libertad. Si no lo hacía, el sábado sería encerrado en otra repartición y allí, Domínguez y el ayudante Conde, no podrían asegurar su seguridad porque los “delincuentes más peligrosos” suelen golpear a los nuevos presos.
La pareja no sabía si el oficial estaba acostumbrado o no a regatear, pero lo intentaron. Primero dijeron no tener un solo peso. Después pidieron hablar con la supuesta fiscal del caso, por último, accedieron a pagar un soborno de 20.000 pesos.
Domínguez, inmutable, no se movió de la suma original. “Menos es imposible. Tengo que repartirla entre el jefe distrital, el comisario y nosotros que somos los que ponemos la cara para que su marido siga acá, cómodo y no entre presos pesados”.
Eran casi las once de la noche cuando la mujer se retiró de la comisaría. Antes de salir, Domínguez le dijo que vuelva al otro día con el botín “envuelto en una manta adentro de una bolsa para que la plata no se vea”. El dinero debía ser entregado al propio teniente en la comisaría.
Mientras ella intentaba recaudar la suma entre parientes y conocidos, el comerciante, la víctima, intentó mejorar las condiciones de la extorsión. “Sé que a 20.000 llegamos. Pagamos eso, me dejás en libertad y el resto te lo doy en cuotas a medida que a mi me cancelen las deudas que la municipalidad mantiene con la empresa. Vos sabés que voy a cumplir. Tenés todos mis datos. Si no lo hago me arruinás”, le dijo. Domínguez no se conmovió. “¿Qué pensás, qué sacas un auto a la calle y después lo pagás? Acá se paga antes”, le gritó.
Antes de las dos de la madrugada del sábado 25 la mujer consiguió el dinero. Lo envolvió en la alfombra de flecos dorados, y metió todo en la bolsa amarilla. Se subió a la camioneta pero, en vez de ir a la comisaría a ver a Domínguez, le hizo caso a un conocido: llamó al 911, pidió hablar con Asuntos Internos y contó su historia. A las 3.25 un auditor tomó su testimonio. Poco después, Guillermo Berra, el Auditor General, se contactó con Pablo Rossi, el titular de la UFI 8, la encargada de investigar “violencia institucional”.
Después de evaluar los dichos de la mujer -de la quien se preserva el nombre, al igual que el de su marido-, tomó el caso de inmediato. Dada la hora, el fiscal pidió que la pareja de la víctima llamara a Domínguez y pidiera más tiempo para entregar el soborno. Con las horas ganadas, fiscal e instructores marcaron los billetes y organizaron la “entrega controlada”.
Domínguez no sospechó nada. Recibió el dinero, liberó a su presa a la que no le levantó cargos ni dio aviso a la fiscalía por las supuestas “amenazas” contra el intendente y, antes de marcharse con los billetes envueltos en la alfombra, fue esposado. Lo mismo ocurrió con el oficial ayudante Conde. Ambos están a disposición del fiscal Rossi y ya fueron separados de sus cargos.
Ahora Berra y sus instructores investigan si este fue el primer “cortito” de Domínguez y Conde, y si los oficiales superiores de la Comisaría 1ª de Adrogué están involucrados en las “extorsiones” calificadas como de “manual”, por las autoridades del ministerio de Seguridad.
Fuente: Infobae