Luego de que se les aplicara prisión a cuatro personas y embargos por $3 millones, una serie de allanamientos en los que se retuvieron dispositivos electrónicos sirvió para profundizar la pesquisa por las amenazas con bomba en colegios.
Mientras tanto, en una reunión que se desarrolló en el Ministerio Público Fiscal, se modificó el protocolo de actuación cada vez que se presente un nuevo caso de estas características.
Desde las 17, más de 50 efectivos comenzaron a congregarse en la zona de la plaza Urquiza. Dirigidos por el jefe de Policía, Julio Fernández, los uniformados y los especialistas del ECIF realizaron en total seis allanamientos. Las medidas se concretaron a partir de las intimidaciones que sufrieron el colegio San Francisco y la Enet 3.
Los allanamientos se concentraron en el barrio San Gabriel, Lomas de Tafí, Bolívar al 1.500, Alsina 2.600, en el Instituto Puente y en Corrientes al 600. Los investigadores secuestraron celulares, notebooks, tablets y computadoras.
“Estamos trabajando a la par del Ministerio Público Fiscal para dar con los autores de este delito. Estimamos que en las próximas horas se llevarán a cabo nuevos procedimientos”, indicó el titular de la fuerza.
“Las investigaciones son realizadas por personal especializado en tecnología, con todos los recursos con los que contamos en la Policía. Todo esto no podría realizarse sin la colaboración del Ministerio Público Fiscal, con quienes venimos trabajando conjuntamente”, concluyó el jefe de Policía.
EL JUEVES por la mañana, impulsado por el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, en la sede del MPF se desarrolló una reunión encabezada por el secretario judicial Tomás Robert, donde estuvieron presentes representantes de la Policía y los Ministerios de Seguridad y de Educación. Lo primero que acordaron es modificar el protocolo de actuación que fue creado en 2005 y que no había tenido ninguna modificación.
En el encuentro, según confirmaron varios de los asistentes, se dieron a conocer algunos detalles de la situación. Por ejemplo, informaron que desde abril hasta el miércoles, se habían registrado 56 amenazas de bombas en los establecimientos educativos de toda la provincia y hubo 32 repeticiones. También detallaron que cuatro empresas privadas recibieron este tipo de intimidaciones.
En la reunión se redactó un nuevo protocolo que ya se puso en marcha y que se extenderá al menos por 60 días. Este nuevo lineamiento tiene el objetivo de evitar la suspensión del dictado de clases a través de numerosas medidas. El 7 de septiembre habrá una nueva reunión para evaluar los resultados conseguidos y discutir si es necesario extenderlo por más tiempo. Así es como funcionará:
Los establecimientos que reciban amenazas entre las 23 y las 6 serán inspeccionados antes del horario de inicio de clases.
Se designará un efectivo policial en los locales escolares de la capital para que observe si hubo alguna irregularidad.
En caso de que se reciba una amenaza, los especialistas averiguarán si hubo alguna novedad con el encargado de custodiar el establecimiento.
Si no hubo ninguna situación extraña, la inspección se desarrollará sin que los alumnos sean obligados a evacuar el establecimiento.
Las autoridades del establecimiento deberán informar a la división Delitos Telemáticos de la novedad y en el acto comenzará la investigación.
En las escuelas que no cuenten con custodia policial sí se realizará una evacuación para que se desarrolle la investigación.
El nuevo protocolo tendrá vigencia por 60 días. En una semana habrá una nueva reunión para evaluar los resultados de su implementación.
Después de que se acordara el nuevo protocolo, hubo una reunión entre funcionarios de la fuerza y de la Dirección de Seguridad Escolar, que depende del Ministerio de Educación. “Este encuentro se realizó para coordinar acciones. Buscamos darles mayor protección a los establecimientos educativos y a su comunidad”, explicó el titular de Distrito Urbano, Cristian Peralta.