Sorprendió a propios y extraños que el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, le ofreciera prestar dinero al Gobierno de la provincia. Los atajos políticos para no responder las denuncias contra su gestión.
Pareciera que el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, se ocupa de poner personalmente en marcha las maniobras de distracción para no dar cuenta de las denuncias que recibe su accionar y el de sus colaboradores al frente del gobierno de la “Ciudad Jardín”.
En ese sentido, en esta semana salió a través de los medios a ofrecer al Gobierno de la provincia, un préstamo por parte del municipio, dando cuenta que pasa por una situación económica de bonanza. Sin embargo, los entendidos analizaron la actitud como una manera de desviar la atención a temas preocupantes dentro de ese municipio, como los apremios que sufrió el joven Eduardo Herrera a manos de la Guardia Urbana Municipal (GUM). Campero sufrió un serio dolor de cabeza por el violento accionar de los agentes que, en vez de resguardar la integridad de los vecinos, prefieren golpearlos. Sin embargo, tuvo que avalar los errores de su secretario de Seguridad, Mauricio Argiró, quien justificó públicamente que se haya lesionado al joven porque se habría encontrado bajo los efectos del alcohol mientras circulaba con su moto al lado por una de las arterias de esa ciudad.
Un financista sin respuestas
La maniobra de Campero, sin embargo, despertó la memoria de muchos vecinos, que recuerdan la denuncia formulada por el concejal Pedro Albornoz Piossek, en contra de su secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Pablo Macchiarola, por tener una financiera a escasos 20 metros de la sede del Ejecutivo yerbabuenense. Las explicaciones del funcionario, en cuanto a que sólo era dueño del 25% de las acciones de la financiera Credituc y que no se trabajaba con descuento por planillas a empleados municipales, no dejó satisfecho al edil que lo acusaba. También en esa oportunidad, negó tener alguna vinculación con el empresario Naum Alperovich, de quien dijo no conocerlo y menos defender sus intereses. Paradójicamente, luego de que recibiera las acusaciones de recorrer las polémicas obras de construcción de dos torres sobre avenida Juan Domingo Perón, la municipalidad acordó una excepción para compensar la violación del Código de Planeamiento Urbano, y evitar que se cumpliera con la promesa electoral de Campero de demoler esas construcciones.
Un impuesto cuestionado
Campero prefiere mostrase como administrador de un municipio solvente, cuando en realidad espera la definición judicial sobre un planteo en contra del Tributo de Emergencia Municipal (TEM), que según un grupo de concejales habría sido cobrado indebidamente. El peligro de esta denuncia, que se encuentra en la Justicia, es que se defina la devolución de ese dinero, que superaría ampliamente los 120 millones de pesos.
Sesión sin quórum
Otra de las explicaciones que tendría que dar Campero es la razón por las cuales los concejales que le responden, llevaron adelante una sesión sin contar con el quórum necesario para sesionar. En ella se eligieron nuevas autoridades, entre ellos el edil ultra alperovichista, Héctor “Pilón” Aguirre, que terminó presidiendo el cuerpo. Además se posibilitó la asunción del concejal Rodolfo Aranda, quien estaba imposibilitado por una investigación en torno a la emisión de boletas truchas que pagaron vendedores ambulantes de la conocida Plaza Vieja.
Lo que se consideró un ataque a la democracia y a las instituciones, además de la división de poderes establecida en la Constitución Nacional, derivó en la presentación judicial correspondiente, por parte de un grupo de ediles, quienes aún no obtuvieron respuesta a esos reclamos, mientras tanto, la conformación objetada continúa aprobando ordenanzas y dando vía libre a los pedidos que se realizan desde el municipio.
Campero tampoco ha respondido los pedidos de informe en torno a adjudicaciones directas, contratos y sobreprecios en diversas obras públicas que se realizan en el municipio. La última fue la labor de una pseudo constructora en el Barrio San Expedito, en donde están en juego recursos nacionales y desprolijidades en la elección del contratista.