El conductor de la camioneta que, se cree, fue la que provocó el siniestro vial ocurrido en la ruta que conduce a Raco, que derivó en la muerte de tres personas, cumplirá la prisión preventiva mediante la modalidad de arresto domiciliario, beneficio al que accedió mediante el pago de una fianza millonaria.
Según la teoría del auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, supervisados por el fiscal Diego Hevia, el domingo 10 de septiembre a las 5.30, Carlos Lencina (41 años) conducía una moto Yamaha YBR, llevando a su hijo Facundo (9) por ruta 341 cuando Mauricio Pereyra (32), quien manejaba un auto Fiat Palio en el mismo sentido, por una maniobra negligente chocó de atrás a la moto, arrastrándola por casi 50 metros y provocando que Carlos y Facundo cayeran y quedaran tendidos en el pavimento.
De inmediato arribaron al lugar del hecho a bordo de otra moto la madre del menor, Carla Fernández (28) y su hijastra. Mientras procedían a ayudar a los accidentados fue que Gonzalo Francisco Lizárraga, quien conducía a gran velocidad una camioneta Toyota Hilux (también en el mismo sentido), producto de una acción imprudente omitió las señales que le hacían para que frenara y terminó embistiendo a los Lencina, Pereyra y a Fernández, para luego darse a la fuga. Sólo la mujer sobrevivió a la embestida, que tuvo lugar a la altura del kilómetro 14 de esa ruta.
El hombre de la moto iba alcoholizado
Homicidio culposo
En la audiencia Rodríguez del Busto lo acusó de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, por la multiplicidad de víctimas y por darse a la fuga, en concurso con lesiones culposas a una cuarta víctima. El representante del Ministerio público hizo particular énfasis de que al acusado no se pudo hacer el test de alcoholemia porque se presentó seis horas después ante las autoridades. Solicitó que se le dicte la prisión preventiva por 30 días, medida que fue aceptada por el juez Sebastián Mardiza.
El defensor acusado Juan Colombres Garmendia impugnó el fallo. Días atrás se realizó una nueva audiencia donde el profesional consideró que no era necesario que Lizárraga continúe privado de su libertad porque no había peligro de que entorpeciera la investigación y que no existía el peligro de fuga, ya que había sido intimado por ese delito, incurriendo el magistrado en una doble valoración del agravante.
El ayudante fiscal y el abogado a cargo de la querella Aníbal Atria se opusieron a la solicitud. La jueza Marisa Suárez en cambio accedió al pedido del defensor y le concedió el arresto domiciliario tras imponerle una caución de $20 millones, cifra nunca antes impuesta en el sistema judicial tucumano.