En breve, la Casa Rosada enviará un proyecto para permitir que el Ejército realice “acciones adicionales” en la lucha contra el narcotráfico. No hay consenso entre los mandatarios para avalar una reforma.
El tema es sensible pero hace tiempo que aparece y desaparece en el escenario político. Hay múltiples posturas que dejan lejana la posibilidad de un consenso rápido. Esta semana Javier Milei fue el encargado de reflotar el debate sobre la modificación del artículo 27 de la Ley Nº 24.059, de Seguridad Interior, que le impide al Ejército Argentino intervenir en conflictos internos. Su rol actual está limitado a prestar colaboración logística y de coordinación.
El Presidente contó que el ministro de Defensa, Luis Petri, está diseñando un proyecto para enviar al Congreso con el objetivo de que se modifique la ley actual y los militares puedan realizar “acciones adicionales” en la lucha contra el narcotráfico. La discusión emergió nuevamente luego de una trágica semana, en la que las bandas narcos mataron a cuatro personas – dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio – en rechazo a las nuevas condiciones de detención impuestas por el gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe.
En las horas posteriores al anuncio del Presidente, dos gobernadores marcaron su postura y respaldaron la modificación de la ley. El más enfático fue el cordobés Martín Llaryora. “Necesitamos sí o sí la intervención del Ejército. Si tenemos que cambiar normativas o leyes, el Ejército ya es una fuerza de la democracia y tiene que estar acompañando en la lucha contra el narcotráfico en este momento”, afirmó.
En una línea similar se expresó el santafesino Pullaro: “Tenemos que ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales”.
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Hay muchas dudas y cautela en los gobernadores respecto a una posible modificación de la leyAmbos gobernadores están interesados en cortar el espiral de violencia generado por el crimen organizado y limitar el crecimiento del narcotráfico en la zona centro del país. Llaryora fue claro al marcar que la compra y venta de drogas no es un fenómeno exclusivo de Rosario y que si no se lo para, se empezará a extender por el país a toda velocidad.
La discusión de fondo es habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas específicas en seguridad interior, teniendo en cuenta la expansión del narcotráfico o, como ha denominado el Gobierno, el “narcoterrorismo”, debido a los asesinatos en la vía pública con el fin de generar terror en la población y sembrar la sensación de que hay anarquía en las calles de la ciudad.
El contenido textual del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior dice: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.
Sobre la reforma de ese artículo trabaja el Gobierno por estas horas, en las que ha decidido aumentar la cantidad de fuerzas federales en Rosario y en las que respaldó sin titubeos la gestión en seguridad de Pullaro, pese a las diferencias y tensiones que existen entre ambos gobiernos desde el inicio del año.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, es uno de los dirigentes políticos que piden una reforma de la ley. Todas los días gobierna una ciudad en la que se producen asesinatos a sangre fría y en la que las instituciones estatales son amenazadas o atacadas, cómo ha sucedido como dependencias judiciales, policiales y sanitarias. En ese contexto de desesperación y hartazgo, pide una discusión de fondo, en un plazo breve, para redefinir el rol de los militares en las tareas de seguridad interior.
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El intendente de Rosario, Pablo Javkin, empuja la idea de reformar la ley de seguridad interior en el corto plazo“Tenemos un artículo que establece un comité de crisis. Entre las atribuciones que no tienen las Fuerzas Armadas, deberían poder tener las que son equivalentes a las misiones de paz. Mínimamente poder portar armas. Tenemos que agilizar la capacidad del Estado en la respuesta al narcotráfico que ha penetrado en la ciudad”, explicó Javkin en diálogo con Infobae.
El jefe comunal rosarino está muy preocupado por la situación que vive la localidad santafesina, pero conforme con el accionar del gobierno nacional frente a un nuevo pico de violencia narco. Entiende que es momento de abrir todos los caminos posibles para que las fuerzas del Estado puedan contener la escalada de homicidios y desarticular las mafias narcos incrustadas en la ciudad. “Entrar a un barrio duro de Rosario con el uniforme militar y sin un arma reglamentaria, es imposible”, sentenciaron en su entorno. Creen que implicaría arriesgar la vida del soldado. Lo ven y lo sienten como un absurdo.
Sobre el artículo que se analiza la modificación es que se habilitó una discusión que a muchos gobernadores les queda incómoda. Por ideología, por exposición pública o por desconocimiento. Lo cierto es que entre los mandatarios hay muchas dudas sobre si es conveniente o no realizar una reforma de la ley. ¿Por qué importa lo que piensen ellos? Porque muchos legisladores – diputados y senadores – responden directamente a la jefatura provincial y podrían ser determinantes para que el proyecto ideado por Petri pueda ser aprobado en el Congreso.
“La ley debe debatirse sin prejuicios ni condicionamientos y se debería maximizar el impacto de la inversión en Defensa”, precisó un importante gobernador del centro del país. Otro, de la Patagonia, tiene una extrema cautela sobre una posible reforma: “Una vez que haya un proyecto y lo podamos ver, tomaremos posición”.
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Hasta el momento las únicas que pueden intervenir en los operativos contra el narcotráfico son las fuerzas de seguridadUna opción para aprovechar al máximo esa inversión en Defensa podría ser que el Gobierno envíe a las Fuerzas Armadas a custodiar las fronteras y liberar a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad que están allí, para que puedan inmiscuirse en la tarea ciudadana. De esa forma, se agregarían más efectivos federales a la zona núcleo del conflicto narco y los militares custodiarían uno de los canales por los que puede pasar la droga a los países limítrofes: las fronteras terrestres.
Hay un puñado de gobernadores que entienden que el rol de las Fuerzas Armadas es estrictamente de defensa y que su preparación es para ese trabajo, y no para meterse en las calles de Rosario a combatir el narcotráfico. Tienen una posición marcada que está atravesada por lo ideológico. No expondrán su parecer en público hasta tanto el proyecto de ley no derive en una discusión a mayor escala.
En este último punto reside una de las confusiones que hay respecto a los posicionamientos públicos de algunos dirigentes políticos, ya que hay quienes plantean la necesidad de que los militares puedan portar armas en sus tareas de logística en los barrios de Rosario, pero no que formen parte de operativos donde se realizan allanamientos y detenciones. Es decir, no los ven haciendo el mismo trabajo que las fuerzas de seguridad, como otros dirigentes imaginan y como podrían proyectar los ciudadanos que no tienen conocimiento específico del tema.
En la Casa Rosada aseguran que el proyecto de ley será enviado “muy pronto” al Congreso. El Gobierno quiere aprovechar la situación de Rosario para poner en discusión un tema que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya ha planteado en otras oportunidades. Si bien hubo expresiones de deseo claras en algunos mandatarios, el oficialismo no sabe con exactitud si el proyecto podría prosperar en el ámbito parlamentario.
“Hay que realizar todas las modificaciones necesarias para poder utilizar al máximo el accionar de las fuerzas de Seguridad Nacional, incluido el Ejército Argentino, en la lucha con el narcoterrorismo”, sostuvo el tucumano Osvaldo Jaldo ante la consulta de Infobae. El dirigente peronista se ha mostrado a favor de la mayoría de las iniciativas del Gobierno y se convirtió en un sorpresivo aliado estratégico.
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La ministra Patricia Bullrich durante su última visita a Rosario, donde recibió a los efectivos de las fuerzas federales que patrullarán la ciudad (REUTERS)También consultado por este medio el catamarqueño Raúl Jalil aseguró que “el tema del narcotráfico es específico y necesita una agencia especializada en la materia”. Una propuesta que ya hizo Sergio Massa hace tiempo y que la reflotó en campaña cuando propuso instalar en Rosario un ”FBI argentino”. “Hay que debatir este tema y acompañar a Pullaro en este momento. Hay que tomar decisiones para el corto y largo plazo”, agregó el gobernador norteño.
El ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que el año pasado estuvo involucrado en el diagrama de operativos para enfrentar al narcotráfico y, además, vive en Rosario, señaló que la idea de sumar al Ejército al combate contra los narcos “no ha tenido resultados positivos en otras partes del mundo”.
“La formación del soldado es distinta a la del agente de polícia. El soldado está preparado para una situación límite y un uso letal de su arma. El policía está preparado para la prevención y su arma es para generar condiciones de seguridad”, expresó. También marcó que “la inteligencia militar no tiene nada que ver con la inteligencia criminal” y que en la Argentina las fuerzas de seguridad adecuadas para ese trabajo son la Gendarmería y la Prefectura, que “tienen un alto componente de militarización”.
Los gobernadores tienen dudas sobre la reforma de la ley. Algunos de ellos esperarán el proyecto para tomar una postura más clara. Otros ya la tienen de antemano. Es un tema sensible que genera controversia, por lo que no hay consenso amplio sobre una posición unificada. Una señal clara para el Gobierno, a la hora de saber si tendrá capacidad de construir un acuerdo parlamentario que le permita llevar a cabo la reforma.
fuente: infobae