En una ofensiva para reducir el uso de billetes e incentivar la inclusión financiera, el Gobierno pondrá en marcha a partir de esta semana un novedoso sistema para pagar los beneficios sociales. Se trata de una aplicación que estará disponible en cualquier teléfono móvil y que puede ser utilizada como una verdadera “billetera digital”. La ANSES acreditará los planes sociales a través de esta nueva tecnología y la gente luego podrá realizar compras -sobre todo de alimentos- utilizando el mismo circuito.
Los principales ejes de este anuncio apuntan a terminar con uno de los grandes costos que arrastra hace años la economía argentina: la enorme proporción en el uso del efectivo, sobre todo en un país de grandes dimensiones geográficas. La aplicación la desarrolló Nación Servicios, financiada por el propio Banco Nación, y se llama PIM. Y una de las grandes novedades es que no será necesario un costoso teléfono inteligente (smartphone) para poder utilizarla. Alcanzará con un teléfono básico, ya que tanto la acreditación del dinero como el uso posterior se puede efectuar a través de un simple mensaje de texto, o SMS.
Como se estima que prácticamente toda la población tiene un teléfono celular, resulta mucho más fácil promover el uso de dinero electrónico por esta vía. Quienes empiecen a cobrar con este mecanismo no precisarán una cuenta bancaria asociada. De esta forma, se estaría dando un importante paso en el camino de la inclusión financiera.
Hasta ahora, PIM sólo fue presentado en Córdoba a modo de prueba piloto. En el mercado ya existen billeteras digitales como Todo Pago (lanzado por Prisma) y ValePEI (de Red Link), que van teniendo mayor penetración en el público. Pero se trata de un proceso que avanza en forma lenta. En cambio, con la posibilidad de pagar los planes sociales a través de este nuevo sistema, la apuesta es que se acelera en forma drástica la adopción de la tecnología para realizar transacciones.
Aunque la idea inicial que había en el Gobierno era que esta acreditación de fondos por teléfono sea obligatoria, finalmente se optó por un sistema optativo al menos en la primera etapa. También se eligió arrancar gradualmente con la incorporación de beneficiarios. Los primeros serán los que cobran el programa Progresar (jóvenes de 18 a 24 años que estudian) y Hogar (para las familias que deben comprar garrafas por no encontrarse dentro de la red de gas natural). Pero el objetivo es que en poco tiempo también se pueda transferir el dinero vía teléfono a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y finalmente (tal vez la etapa más difícil) los jubilados.
Entre los promotores del lanzamiento están el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, que viene trabajando desde la institución en la adopción de nuevas tecnologías para el sistema financiero. También el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, que ve en este esquema una solución para los costos trasladados de efectivo que requieren las 700 sucursales que la entidad tiene en todo el país. Asimismo, el Gobierno creó una unidad de trabajo que apunta específicamente a la inclusión financiera.
Los beneficiarios de los planes sociales que acepten cobrar a través del teléfono deberán marcar un número vía SMS para empezar a cobrar (*456#) y quienes lo habiliten recibirán $ 50 en la cuenta, con lo que podrán probar el nuevo sistema.
Uno de los problemas que se observa con quienes cobran planes sociales es que el primer día de la acreditación del dinero concurren al banco con su tarjeta de débito y retiran el 100% del efectivo. En el camino se pierden la devolución del IVA con tope de 300 pesos que está vigente para la compra de alimentos con tarjeta de débito. Pero ese beneficio no lo llega a usar ni el 20% de quienes cobran un plan. La reducción en el uso del efectivo no sólo tiene ventajas desde el punto del vista del ahorro para las familias, sino que también conlleva ventajas desde el punto de vista logístico en un país tan grande y poco poblado como la Argentina. Y además generaría una reducción en los casos de inseguridad, si es que la gente se vuelca al uso de dinero electrónico.
Una de las patas más importantes relacionada con el funcionamiento de esta novedosa billetera digital es que sea aceptada por los comercios. Por eso ya se cerraron acuerdos con empresas de consumo masivo (Coca Cola, Arcor y Molinos entre las más importantes) para que los comerciantes les puedan pagar a sus proveedores utilizando PIM. Quienes desarrollaron la tecnología aseguran que será extremadamente sencillo traspasar el dinero: simplemente marcando una clave de cinco cifras del receptor, que obviamente también tendrá que tener habilitado el sistema.
El uso de esta tecnología será equivalente al pago con efectivo. Por lo tanto no se cobrará el impuesto al cheque ni tampoco el 1% del arancel que se cobra por tarjeta de débito. “Hay gente que está en zonas alejadas del país, que para cobrar su plan social gastan la mitad de la suma mensual en llegar hasta al banco para retirar el dinero”, explican en Nación Servicios.
Otro aspecto clave para el funcionamiento de PIM es que se cerró un acuerdo con las principales redes de cobranza extrabancaria (Rapipago y Pago Fácil). El objetivo es que los beneficiarios de planes sociales puedan realizar allí la extracción de dinero que precisan. La ventaja es que estos locales tienen una presencia mucho más extendida en todo el país en relación a las sucursales bancarias y también tienen mayor disponibilidad de efectivo. Estas compañías también tienen el gran problema de trasladar grandes sumas de dinero y pagan enormes sumas para hacerlo.
Entre las medidas que ya se anunciaron para reducir el uso del efectivo, la AFIP dispuso que todos los pagos de impuestos (incluyendo el monotributo) se realicen directamente por medios electrónicos. Por su parte el titular del Central, Federico Sturzenegger, anunció a principios de año que la entidad ya no aceptaría recibir los billetes que le sobran a los bancos, sino que estos deberán intercambiarlos con sus pares. Además, esta semana el funcionario advirtió que durante la gestión de Cristina Kirchner la decisión de no aceptar la impresión de billetes de alta denominación (es decir superior a los 100 pesos) le costó al país USD 640 millones.