El gobierno chileno firmará este martes el decreto que establece un Estado de Excepción Constitucional en la denominada Macrozona Sur, tras la serie de hechos de violencia registrados en la zona durante las últimas semanas. La acción se extendería por 15 días en una primera etapa y afectará a las provincias de Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía y en la provincia de Arauco en la región de Bío Bío en el sur de Chile.
Hechos como el ataque incendiario a las Termas de Pemehue en Collipulli el pasado 8 de octubre, la quema de camiones y maquinaria al interior de la Forestal Mininco en Loncoche un día después y la quema de 18 camiones al interior de una empresa en Temuco fueron parte de los argumentos tomados por las autoridades para decretar la medida. A estas acciones se suman las tomas de terrenos registradas en los últimos meses, ente ellas la violenta toma de un fundo en la ruta R-444 en la Provincia de Malleco, que finalizó con camiones incendiados y fuego cruzado entre Carabineros y desconocidos.
En la mayoría de estos hechos han actuado encapuchados con elementos incendiarios y armas, dejando además panfletos alusivos a la causa mapuche y sus demandas territoriales por parte de la organización Weichan Auka Mapu.
Uno de los que celebró la medida, es el senador Francisco Chahuán de Renovación Nacional (RN) quien durante las últimas horas fue quien confirmó la noticia, indicando que “el gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la Macrozona sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer la paz social. Las comunidades mapuche estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de las causas de los pueblos originarios”.
Chahuán agregó que “se lo veníamos pidiendo hace semanas, meses y finalmente el Gobierno entendió que tenía que terminar con la impunidad de la violencia rural generada”. El presidente de RN anunció además que presentarán una querella contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) para que se persigan “todas y cada una de las responsabilidades”.
El decreto de Estado de Estado de Excepción Constitucional es una facultad otorgada al Presidente de la República en caso de grave alteración del orden público o por daño o peligro para la seguridad de la nación y por ley tiene una duración de 15 días corridos que pueden ser prorrogados por otros 15 días. Más allá de ese plazo, se debe contar con la autorización del Congreso para una nueva prorrogación.
El Estado de Excepción implica –entre otras medidas- que las zonas declaradas quedan bajo la dependencia de la Defensa Nacional y el Presidente puede además restringir las libertades de locomoción y de reunión mediante toques de queda. En tanto el Jefe de Zona tendrá facultades como: dictar normas para evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; autorizar reuniones en lugares de uso público y velar por que tales reuniones no alteren el orden; controlar la entrada y salida de la zona declarada en Estado de Emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de obras de arte y servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros e impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona.
El tema de la violencia que se registra en el sur de Chile fue una de las materias centrales en el debate presidencial que se realizó la noche del lunes. José Antonio Kast (Partido Republicano) planteó la necesidad de aplicar la Ley Antiterrorista para combatir a los grupos armados que operan en la zona, mientras que Sebastián Sichel (UDI y RN) afirmó que la zona ya está militarizada y que es deber del Estado Garantizar la seguridad en el sur del país.
Por su parte Gabriel Boric (Frente Amplio y Partido Comunista) afirmó que no hay que seguir “incentivando la violencia” pues la situación puede abordarse “con diálogo, con conversación, reconstruyendo las confianzas tal como están haciendo hoy organismos internacionales en conjunto con las iglesias y las universidades. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo”. El candidato también se refirió al video en el que se ve a un grupo armado que estaría vinculado a la Alianza Territorial Mapuche, que se tomó la Reserva Nacional de Malleco. Al respecto dijo que “todo delito debe ser perseguido con toda rigurosidad. Si hay uso de armas ilegales, por supuesto que tiene que ser perseguido. No tengo ninguna duda al respecto. Hechos de violencia y crímenes de sangre tienen que ser perseguidos”, sentenció, agregando que “el punto y lo que defiendo es que es el diálogo el camino para avanzar hacia una solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.
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Violencia en la Araucanía.En tanto el candidato de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, Sebastián Sichel, planteó un punto de vista contrario afirmando que “decir que se va a militarizar la Araucanía es vivir en una montaña de privilegios, estar en el Congreso y no entender lo que viven las personas allá, que no duermen tranquilas, que ven armamento de guerra todos los días”, afirmando que “la zona ya está militarizada, el problema es por qué como Estado no hemos hecho nada. En democracia es deber del Estado garantizar la seguridad”, sentenció.
Por su parte, el gobernador de la zona Araucanía, abordó el eventual decreto de Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur, a raíz de los hechos de violencia que se han registrado. “Yo espero que este Estado de Excepción sea utilizado como un apoyo, principalmente a la labor de las policías y ahí, lamentablemente era una opción lo que en Contraloría no prosperó, que eran estos patrullajes mixtos eran una buena opción”, dijo Rivas.
fuente: infobae