Alberto Lebbos tuvo que esperar más de 10 años para que el peso de la ley comience a caer sobre los cinco ex funcionarios durante la gestión de gobierno de José Alperovich acusados por el encubrimiento del crimen de su hija Paulina, ocurrido en 2006. Se trata del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; el ex subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal, integrada por los jueces Enrique Pedicone, Eudoro Albo y Liliana Vitar, confirmó la sentencia que dispuso la elevación a juicio oral de la causa en la que los ex colaboradores del actuar senador del Frente para la Victoria están acusados por el delito de encubrimiento agravado. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único imputado que está con prisión preventiva desde hace más de dos años y medio, sospechado por el crimen de Paulina Lebbos.
En el fallo dictado ayer y difundido en las últimas horas, los camaristas desestimaron los recursos que habían presentado las defensas de los imputados contra el fallo del juez Víctor Manuel Pérez, quien en 2015 los procesó y dictó la elevación a juicio del expediente.
La Cámara de Apelaciones consideró que la etapa de instrucción de la causa, que en los últimos años estuvo a cargo del fiscal Diego López Avila, garantizó los derechos y garantías de defensa de los imputados. Idéntica postura había adoptado el mes pasado el fiscal de Cámara, Carlos Sale, quien consideró que existen elementos suficientes como para que se realice el juicio oral por el caso Lebbos.
“Este es un paso procesal muy importante, porque son cuatro las instancias judiciales, con el fiscal, el juez, el fiscal de Cámara y la propia Cámara, que nos dan la razón y coinciden en que existen elementos para juzgar a estos delincuentes que se disfrazaron de funcionarios”, expresó Alberto Lebbos, en diálogo con LA NACION.
El papá de Paulina aclaró que “todavía faltan algunos pasos procesales, porque seguramente la defensa de los acusados recurrirá en casación ante la Corte Suprema de Justicia”. No obstante, estimó que “lo más probable es que este juicio se haga en el primer trimestre de 2017”.
Lebbos recordó que la denuncia contra los ex colaboradores de Alperovich fue presentada en 2006 y que entonces fue desestimada in limine por Carlos Albaca, el primer fiscal que tuvo la causa y que también procesado por el encubrimiento del crimen, en otro expediente que podría ir a juicio oral el año que viene.
“Pasaron más de 10 años de la denuncia y recién se están logrando avances procesales. Nuestra expectativa es que estos delincuentes en el juicio digan los nombres de los asesinos de Paulina, porque ellos saben y por eso encubrieron, y que paguen el castigo que merecen, con una condena que debe ser ejemplificadora porque se trata de ex funcionarios”, reclamó.
Lebbos denunció que la demora en el juzgamiento de los acusados obedeció a que fueron protegidos políticamente por Alperovich, por su esposa, la ex senadora Beatriz Rojkés, y por el actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur. “Toda esta gente, incluido Albaca, tuvo protección política del clan Alperovich-Rojkés-Manzur, que los cobijó y les dio impunidad, debido a que los mantuvo en sus cargos durante años, a pesar de la denuncia y las pruebas en su contra”, sentenció.
A continuación, opinó que “se logró que la causa vaya a juicio oral gracias a la lucha permanente que vino realizando la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad y a la visibilidad que le dieron al caso de Paulina los medios de prensa”.
Paulina Lebbos tenía 24 años cuando desapareció, el 26 de febrero de 2006, a la salida de un boliche de San Miguel de Tucumán. Su cadáver apareció 13 días después, al costado de una ruta, a 30 kilómetros de la capital provincial. El cuerpo tenía rasgos de estrangulamiento, quemaduras de cigarrillo y estaba en un avanzado estado de descomposición. La Justicia confirmó que la escena del crimen fue adulterada, al igual que las actas policiales donde se informaba del hallazgo del cuerpo de la joven. Por ese último hecho fueron condenados los policías Enrique García y Manuel Yapura.
En tanto, los ex funcionarios Di Lella, Sánchez, Barrera, Brito y Rodríguez fueron procesados acusados de haber pergeñado un plan para ocultar detalles referidos al hallazgo del cadáver y sobre la investigación llevada adelante por la Policía tras la desaparición de la joven.
En cuanto a Gómez, fue procesado debido a que se constató que utilizó el teléfono celular de la víctima (le puso su chip), desde horas después de su desaparición hasta el año 2011.
Alberto Lebbos se aferró desde un principio a la hipótesis de que “los hijos del poder” están detrás del crimen de Paulina. En septiembre de 2015, el juez Pérez dictó el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo de Alperovich y de la ex senadora Beatriz Rojkés , y de Sergio Kaleñuk (hijo del ex secretario privado de Alperovich) en la investigación por el encubrimiento del crimen. Sin embargo, el magistrado rechazó la posibilidad de sobreseerlos por el crimen y determinó que podrían ser investigados por el homicidio en caso de que surja una nueva pista que los implique.
Fuente: La Nación