La recuperación de un loteo irregular y la paralización de un incipiente proyecto inmobiliario marcaron el inicio de una etapa decisiva para El Cadillal, una de las villas turísticas más emblemáticas de Tucumán.
El operativo, encabezado por la Dirección General de Catastro, reveló irregularidades tan graves en la gestión de tierras fiscales que derivaron en una denuncia penal contra cinco empleados de la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, lo que profundiza la crisis en torno al uso ilegal de tierras estatales.
Miles de expedientes sospechosos
Lejos del estruendo de topadoras derribando alambrados, el proceso de reordenamiento dominial avanza con el peso de la legalidad y la documentación. Tras una auditoría interna impulsada por el director de Catastro, Alejandro Navarro, se identificaron miles de expedientes sospechosos, algunos iniciados justo cuando se puso en marcha la ley de regularización de tierras en abril de 2023.
El foco del escándalo está en la aplicación de las leyes provinciales 9.179 y 9.591, que habilitaban al Ejecutivo a vender tierras fiscales ocupadas antes del 30 de noviembre de 2018. De 85 padrones analizados, solo 15 podían ser legalmente enajenados, mientras que otros 58 estaban en zonas de reserva o áreas protegidas.
A pesar de la oportunidad brindada por la ley, solo 400 ocupantes —el 10% del total— presentaron la documentación requerida para iniciar el trámite de escrituración.
En paralelo, comenzaron a circular denuncias sobre posibles pedidos de dinero a cambio de “acelerar” los trámites, lo que derivó en la denuncia penal de Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro (ya investigados por el “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar) y tres empleados más.
Por fuera del sistema
Según fuentes del organismo, los implicados habrían cobrado por fuera del sistema legal para armar expedientes de titularización, lo que permitió a varios ocupantes eludir el proceso de licitación y compra al Estado.
La tensión crece entre los ocupantes de las tierras. Este fin de semana, más de un centenar de vecinos se congregaron en el Anfiteatro de El Cadillal para analizar el avance de los desalojos y organizar medidas de respuesta.
“No somos usurpadores. Compramos de buena fe. Nos vendieron esperanza y nos dejaron en el aire”, afirmó Camila Herrera, una de las voceras del grupo.
“Todo estaba en regla”
Algunos, como Juan Carlos García, revelaron que incluso pagaron servicios básicos y mejoras, convencidos de que “todo estaba en regla”. El temor se incrementó al confirmarse que el plan de regularización ya expiró, y que solo una nueva ley o una modificación de la actual podría permitir reabrir el proceso de legalización.
Aún está bajo análisis la situación del comisionado comunal Dante Delgado, quien —según vecinos— impulsó la inscripción al plan de escrituración durante su campaña política, incluso convocando reuniones con los ahora denunciados.
Por su parte, los vecinos confirmaron que presentarán una nota al gobernador Osvaldo Jaldo solicitando una audiencia urgente. “No es justo que después de invertir todo lo que teníamos nos quieran quitar nuestras casas”, enfatizó Herrera.
Con más de 3.000 viviendas en situación irregular en El Cadillal, y un solo 10% intentando regularizar su situación, el conflicto amenaza con escalar, tanto en el plano judicial como social.
Desde Catastro adelantaron que el trabajo de auditoría continuará en los próximos meses, y no se descartan nuevos operativos, más denuncias penales y un replanteo de las leyes vigentes.