Por incumplimiento de las tareas comunitarias que debía hacer, ese es el motivo por el cual el martes se solicitó que se revoque la condicionalidad de la pena a uno de los condenados por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.
El planteo no prosperó porque se consideró que la medida no pudo ser cumplida, no por culpa del condenado sino por un error de tipo administrativo.
“Él estaba obligado a cumplir con una serie de medidas para gozar de una pena condicional. Como no las hizo hasta ahora, planteamos que debía efectivizarse su pena”, señaló Alberto Lebbos, que no se extrañó de que el pedido fuera rechazado.
“Sabemos que hay un sistema colapsado: no hay lugar para albergar más presos ni hay pulseras de control suficientes. Al final le dieron otra oportunidad”, explicó.
También aprovechó la oportunidad para reiterar su pedido de que la Justicia avance con la pesquisa sobre las 40 personas que se pidió investigar por encubrimiento en 2019.
La defensa del condenado
Por otra parte, el abogado de Rodríguez, Carlos Posse, argumentó: “en agosto le impusieron cumplir tareas comunitarias ya sea en el club de Tapia, o en la escuela de esa localidad. Quedó en discusión en cuál de las dos instituciones ayudaría y nunca nos informaron a dónde debería asistir”.
En la audiencia se expuso ese inconveniente. “Evidentemente hubo un error de comunicación entre el Juzgado, el Ministerio Público y la oficina de probations. Planteé eso en la audiencia y me dieron la razón. Se resolvió que deberá cumplir las tareas por ocho meses en la escuela, pero aún falta que administrativamente nos notifiquen si la institución está de acuerdo y cuándo debe empezar”, remarcó el defensor.
Funcionarios que no funcionan
En febrero de 2019 terminó el segundo juicio por el asesinato de la estudiante de la carrera de Comunicación Social, que quedó impune porque los acusados de haberla matado terminaron absueltos; pero se probó que hubo funcionarios que encubrieron el crimen.
Por ese delito fueron condenados Eduardo di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de Policía), Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) y Waldino Rodríguez (ex policía de Raco).
Además, los jueces pidieron la investigación de otras personas que podrían haber participado del encubrimiento en el hecho que conmocionó a la provincia y al país en la primera década de este siglo.
El caso más aberrante
El 26 de febrero de 2006, tras salir de un boliche, Paulina abordó un remise Fiat Duna en la esquina de avenida Alem y pasaje José Gutiérrez junto a su amiga Virginia Mercado. La compañera descendió en La Rioja al 400 y Lebbos continuó su viaje hacia la casa de su pareja César Soto, pero nunca llegó a ese domicilio. Su padre, Alberto Lebbos, denunció entonces la desaparición.
El 11 de marzo de 2006, los hermanos Marcelo y Sergio Goitea encontraron en la vera de la ruta 341 el cuerpo de la joven.
Funcionarios policiales fraguaron actas de procedimiento informando que el descubrimiento había sido realizado en un rastrillaje realizado por personal de la comisaría de Raco, donde trabajaba Waldino Rodríguez. En el juicio se probó que hubo irregularidades en la preservación del lugar y en el levantamiento y conservación de pruebas.
fuente: contexto