El ex juez penal Juan Bernardi recibió una condena a 5 años de prisión efectiva por el gravísimo delito “de promoción de corrupción de menores”. En la misma causa, un ex empleado suyo, Julio César Antuque, también fue encontrado culpable y sentenciado a 12 años de cárcel por su rol de “facilitador de corrupción de menores” y “facilitación de la prostitución”.
El caso tiene todos los condimentos del abuso de poder e impunidad. Bernardi había sido denunciado en junio de 2014 por una vecina ante el Ministerio de Desarrollo Social provincial, por protagonizar fiestas privadas en las que participaban chicas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. Según la denuncia, de estas orgías habrían participado otros abogados y empresarios. Todo pasó en la ciudad patagónica de Viedma.
El tribunal integrado por los jueces Ariel Galinger, Carlos Mussi e Ignacio Gandolfi dio por probado que el ex juez realizó “acciones consistentes en favorecer o determinar a una menor de 18 años a una situación de corrupción”. Para ello, se basó en testimonios de jóvenes y los allegados de la víctima que admitieron haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con personas mayores de edad.
El fallo es tajante al acreditar que hubo un grupo de niñas y adolescentes, de aproximadamente entre 13 y 20 años de edad, “todas ellas de sectores vulnerables y carenciados de nuestra ciudad, con hogares y familias con serios inconvenientes de integración” y de adicciones, eran “sometidas sexualmente por personas que las duplicaban y triplicaban en edad, de acomodada situación económica y social, a cambio de dinero, zapatillas, bienes en general, y drogas, entre las cuales se encontraba la joven individualizada como víctima”.
Contexto de miedo y sumisión
Los jueces aseguraron la existencia en el caso de un cuadro de violencia de género y de violencia para con las menores, que “obliga a integrar las normas penales con tratados y convenciones desde la perspectiva de género y contemplando el interés superior del niño”.
La reconstrucción de la verdad fue compleja. No solo por la dificultad propia que reviste el delito, que se comete en privado, y sin testigos directos. A lo largo del juicio, las víctimas desincriminaron a los imputados, al negar haber mantenido relaciones sexuales con ellos. Una de las menores aseguró que si bien había asistido a un asado junto con dos amigas a la chacra de Bernardi, lo hizo solo por compartir un almuerzo al que la invitó su “amigo” Anteuque.
Sin embargo, los magistrados entendieron que “las desigualdades sociales, culturales y de sumisión” de las mujeres explotadas “condicionaron” los relatos. Es por ello que debieron emprender “una perspectiva interpretativa de los hechos, de las pruebas, de las palabras, los gestos y los silencios”, que incluyó técnicas de profesionales y dispositivos como la cámara Gesell.
Una de las declaraciones que se destacaron para la determinación de la culpabilidad fue la declaración de una joven que fue sin público y en ausencia de los imputados. En ese marco, se le pidió que ampliara sus comentarios de que las mujeres estaban con hombres por plata. En ese momento, señalan los jueces, a la víctima “se le llenan los ojos de lágrimas y no puede seguir hablando, pidiendo hablar sobre otra cosa”. De igual manera contestó apenas con un hilo de voz cuando se le preguntó si tenía miedo. Estos testimonios con carga subjetiva probaron el vínculo entre Bernardi y la víctima.