La oposición en el Parlamento pidió una investigación penal. Hasta un alto cuadro chavista afirmó que “hubo trampa”.
En Venezuela estalló finalmente el escándalo esperado. El domingo hubo fraude. No lo dijo la oposición al régimen, sino la empresa proveedora del sistema de votación que se utilizó para la elección de la controvertida Asamblea Constituyente. La gravedad del caso lo constata que ese comicio aceleró la crisis terminal que envuelve a este país y convirtió al régimen en una dictadura al quedar virtualmente bajo amenaza d de disolución todas las restantes autoridades institucionales.
A pocas horas de que Nicolás Maduro juramente a los asambleístas, la compañía SmartMatic afirmó en Londres que gracias a las seguridades de su sistema pudo determinar, “sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación”.
El poder electoral aseguró que en la votación participaron más de ocho millones de personas, pero la oposición sostiene que apenas hubo unos tres millones, por lo que denuncia “el mayor fraude en la historia” del país.
“Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos de un millón de electores”, dijo SmartMatic, que dio soporte a los procesos electorales venezolanos entre 2004 y 2015, incluida la elección de Maduro en 2013 por estrecho margen sobre el opositor Henrique Capriles.
“Para conocer con exactitud la participación debería hacerse una auditoría más extensa del sistema de recuento”, advirtió el presidente de Smartmatic, Antonio Múgica Múgica, en una rueda de prensa en Londres.
La novedad generó un torrente de reacciones en Venezuela y el mundo porque hace patente la manipulación de todo un proceso destinado a perpetuar al chavismo. La Asamblea es soberana y se espera que hoy mismo disuelva el Congreso controlado por la oposición, intervenga en la rebelde Fiscalía General y, en adelante, postergue las elecciones de alcaldes y gobernadores pendientes y las futuras presidenciales de 2018.
Julio Borges, presidente del legislativo demandó una inmeidata investigación penal contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral cuya presidente, Tibisay Lucena, integra ya una lista de 14 funcionarios del régimen con sus cuentas congeladas en EE.UU. El último de ellos es el propio Maduro. Borges declaró que los resultados fueron efectivamente “adulterados”. En ese cuestionado comicio se eligieron, sin observadores, y con la prensa impedida de acercarse a menos de 500 metros de los centros de votación, 545 constituyentes, todos oficialistas. Entre ellos se encuentran los principales cuadros del régimen.
A la lista de críticos se sumó Andrés Izarra, ex ministro del fallecido Hugo Chávez quien admitió nomás que “hubo trampa en la elección”. Ese posicionamiento revela una creciente polémica en el chavismo sobre el rumbo imprevisible que han tomado los acontecimientos.
Ante los “resultados tramposos e ilegales”, Borges anunció el cambio en el orden día, toda vez que estaba previsto que el plenario debatiera el Proyecto de Ley para la Gobernabilidad de Venezuela. En la sesión prevista para hoy se encuentran presentes los encargados de negocios de las Embajadas de Argentina y Canadá. Ayer estuvieron los embajadores de Francia, España, Gran Bretaña y México. La intención es escudar el Congreso con esas presencias internacionales.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se sumó a las críticas y bramó desde Washington que se confirma “el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica” después de que la empresa encargada del recuento de votos en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente denunciara que hubo “manipulación”.
“Es el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica en porcentaje y millones de votantes”, insistió el diplomático en su cuenta de Twitter.
Almagro, al frente de la OEA desde mayo de 2015, ha denunciado constantemente al Gobierno de Maduro desde pocos meses después de su llegada a Washington y “desconoce” la Constituyente por “su nulidad de origen” e “inconstitucionalidad”.
Fuente: Clarín