Dos fiscales pidieron hoy que se cite a declaración indagatoria, se le inhiban los bienes y se dispongan embargos con fines de decomiso a la cúpula de la Aduana de la época del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en que se investiga un contrabando de casi 435 millones de dólares en la causa de la mafia de los contenedores.
La solicitud al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky incluye al ex titular de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y actual asesor del Senado Daniel Santanna. También se pidió citar como sospechosos a los ex directores de Aduana Metropolitana Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, ambos presos en otras causas vinculadas a delitos de contrabando. El primero fue detenido en su casa del countrie Abril de Berazategui y al segundo se le secuestraron 500 mil dólares en efectivos en otras causas paralelas.
“Se puede concluir que la participación de Paolucci, Bernardi y Santanna, habida cuenta el cargo jerárquico que ostentaban, consistía en brindar un marco de cobertura genérica ilegal a sus dependientes, quienes debían realizar sus tareas de fiscalización de manera solo aparente, para que no entorpecieran la estructura delictual que se estaba llevando a cabo al momento de tramitarse las destinaciones aduaneras”, señalaraon en su dictamen al que accedió Clarín en fuentes judiciales.
Los pedidos incluyen a los titulares de los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre, Maximiliano Montero y Horacio “Cholo” Palmieri y de Carestiba, Julio Motta y Néstor Suárez. Fuentes judiciales vinculan a los primeros con ex miembros de la SIDE y la comisión directiva de Boca y ex funcionarios K vinculados al Mercado Central, respectivamente.
En esa época el titular de la Aduana era Guillermo Mitchell, pero fuentes judiciales consultadas por Clarín consideraron que cumplía “un papel decorativo” frente a Santanna que respondía directamente a Echegaray, quien antes de ser el titular de la AFIP dirigió la Aduana de la mano del ex secretario privado de Néstor Kirchner Rudy Ulloa.
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En un dictamen, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y el titular de la Procelac Gabriel Pérez Barbera pidieron las indagatorias de Santanna, los otros ex altos funcionarios de la Aduana y otros treinta imputados. Si Aguinsky eventualmente indaga y procesa a Santanna tiene una posibilidad de terminar condenado por contrabando y asociación ilícita con una pena de 10 años de cárcel. En los tribunales de la avenidaInmigrantes se preguntan si Santanna, en ese escenario, pensaría en acogerse a la figura del arrepentido, como otros imputados.
Mientras tanto, en otro expediente la sala A de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento con prisión preventiva del cuñado del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli por el intento de contrabando de 6 contenedores.
En esta causa de los 500 contenedores se investiga una supuesta asociación ilícita integrada por los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio que falsificó declaraciones juradas de importación entre 2014 y 2015 de 500 contenedores que llegaban al puerto de Buenos Aires, tanto al declarar su peso como su contenido. Los Paolantonio tomaron el control de esta parte de los negocios luego del escándalo del viaje que hizo Echegaray a Río de Janeiro para recibir Año Nuevo, junto con Jorge “El uruguayo” Lambiris, conocido como “El rey del bagallo” de la Aduana. Luego de ese viaje, Lambiris dio un paso al costado.
Con complicidad de altos funcionarios de la Aduana y verificadores hicieron pasar por el canal rojo del sistema de control lamado Malvina esos 500 contenedores declarando que cada uno pesaba en promedio 8 mil kilos, cuando en realidad, contenían mercaderías por 22 mil kilos. Es decir, contrabandearon productos pesaban 7 mil toneladas, lo que da una idea de la magnitud de las maniobras. En general decían importar en los papeles flores de plástico, pero eran productos de bazar. Estas y otras causas se abrieron desde que en diciembre del 2015 el teniente coronel (RE) Juan José Gómez Centurión fue nombrado al frente de la Aduana y comenzó un política de tolerancia cero contra el contrabando.
Para el contrabando desde China se usaron las empresas Different Imports, Corport, Vocasser, Oslona, Las Cortaderas, Sicem, Candozar y New Unique Import, entre otras. La causa se abrió por una investigación del periodista Matías Longoni publicada en Clarín.
Los fiscales secuestraron miles de documentos de esos 500 contenedores y al analizarlos uno por uno descubrieron el uso de cientos de falsificaciones y adulteraciones del peso de las cargas que debieron tener la complicidad de decenas de verificadores y guardas de la Aduana. Pero algunos resultaban falsos a simple vista como el “retiro” de los pesados contenedores de los depósitos en autos como un Fiat 125, un Senda o un Citroën.
“La magnitud y complejidad de las maniobras objeto de análisis supone la existencia de un gran número de personas involucradas, que habrían actuado de modo organizado, confirmando múltiples eslabones de una cadena de responsabilidades nutrida del accionar de agencias navieras, agentes de carga, despachantes de aduana, funcionarios públicos y los reales importadores, beneficiarios finales de la maniobra”, se advirtió en el escrito de los fiscales.
Ante ello, los investigadores sostuvieron la imposibilidad de “imaginar que esa operatoria masiva, reiterada, sistemática y delictiva ocurriera sin la anuencia de los funcionarios aduaneros encargados de controlar la correcta nacionalización de esas mercaderías” y durante dos años.
Fuente: Clarín