Una nueva puja profundizó el conflicto entre los sindicatos docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal , a partir de los descuentos salariales por los paros: unos 100.000 maestros cobraron con quitas y los gremios amenazan con ir a la Justicia si el lunes no se les deposita el dinero.
El gobierno bonaerense insiste en la legalidad de la medida y afirma que sólo se retractará en los casos en que se constaten errores por aplicar descuentos a maestros que no hayan adherido a la huelga.
Pamela Guzmán es profesora de prácticas del lenguaje. Adhirió al paro dos semanas y no paró la tercera ni cuarta semana, porque su marido no tiene trabajo y necesita el dinero. En lugar de cobrar $ 12.000 este mes cobró $ 7000. “Me encuentro que me descontaron todo”, dijo a LA NACION la profesora, que trabaja en tres escuelas de Ituzaingó.
No es el único caso. Sonia Loaiza es profesora en Florencio Varela. Está con licencia por maternidad e igual le descontaron los días de paro. En el interior también se repiten los casos: Alejandra Peralta es maestra en Olavarría y le descontaron los días, pese a que está con licencia desde el año pasado.
El director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, insistió en que los descuentos son legales. “Hicimos los descuentos. Los que se descontaron corresponden a los primeros días de paro, antes del fallo judicial que ordenó abstenerse de descontar, lo que fue notificado al gobierno el 27 de marzo”, explicó el funcionario. Y agregó: “Quedan por descontar los demás días de paro. Se hará una vez que salga la apelación judicial del fallo”.
En tanto, en una aplicación de la propia Dirección General de Cultura y Educación comenzaron a tomar los reclamos. En promedio, cada mes hay 400 o 500 reclamos por deficiencias en la liquidación de sueldos. Hoy suman 800 los reclamos.
“Si se verifican errores se va a devolver el dinero”, afirmó Finocchiaro. El modo de corroborar los reclamos es verificar las planillas que envió cada escuela. “Si la planilla tiene inconsistencias con informe se mandará auditoría. Descontamos sobre la base de una planilla que dice que el docente no fue o la escuela estuvo cerrada”, agregó el funcionario, quien había anticipado que la quita llegaría a 100.000 maestros.
Suteba replicó que no tolerará los descuentos: “Ante los descuentos indiscriminados y masivos que percibieron los trabajadores de la educación en el cobro de marzo, Suteba se encuentra realizando acciones en todos los distritos y presentaciones formales ante la jefatura regional”, advirtió el gremio.
Según el sindicato que conduce Baradel, los descuentos “son ilegales y han sido deliberadamente destinados a hostigar a los maestros y sin información real, ya que los contralores fueron entregados el 28 de marzo, razón por la cual no es posible constatar la información entre los docentes que hicieron uso de su derecho constitucional adhiriendo al paro y aquellos que no”.
Expresó, además, que las jefaturas regionales y el gobierno provincial son responsables de “haber ejecutado una medida arbitraria, ilegal e improcedente”.
También responsabilizó al gobierno de “afectar los salarios docentes, vulnerando derechos y alterar el circuito administrativo de contralores; elaborar nóminas de docentes en ejercicio de medidas de fuerza, constituyendo una clara acción intimidatoria y una práctica desleal, autoritaria y antidemocrática; las que, además, no se vinculan a los descuentos arbitrarios”.
Finoccchiaro respondió que “si hubo errores, tienen que entrar a la plataforma, consignar la falla y, una vez confirmado por el director, se les devuelve el dinero”. La explicación no dejó conforme a la tropa de Baradel. “No son los docentes los que tienen que supervisar al gobierno en sus recurrentes errores”, dijo el sindicato.
Finocchiaro, en tanto, insistió: “Suteba está equivocado. Nosotros vamos a hacer el procedimiento como marca la legislación. Y ante cada reclamo, si la directora de la escuela da el visto bueno devolveremos el dinero”.
Fuente: La Nación