En el marco de cambios legales sobre el control de operaciones financieras, la Argentina trabaja en poner más la lupa sobre los tenedores de criptomonedas.
En el marco de cambios legales sobre el control de operaciones financieras, la Argentina trabaja en poner más la lupa sobre los tenedores de criptomonedas. Para ello, avanza en la creación de un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
En la Cámara de Diputados se discute en las comisiones de Legislación General y de Finanzas un proyecto de reforma de la Ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De momento, no avanzó el dictamen por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En este marco es que entran las criptomonedas, que tienen una fuerte presencia en la Argentina, y son utilizadas en muchos casos para evadir controles y saltar el cepo cambiario sobre el dólar.
Las transferencias con criptomonedas en la Argentina alcanzaron los u$s93.000 millones entre julio de 2021 y junio de 2022, un registro que ubica al país como el segundo con más actividad detrás de Brasil en la región, impulsado por la fuerte adopción de monedas estables (stablecoins) como refugio de valor y de uso en operaciones de pago cotidianas.
Según el índice de Adopción de Criptomonedas 2022, presentado por Chainalysis, empresa especializada en el análisis de blockchain, Argentina se ubica en el puesto 13° en el ranking mundial de uso de cripto. En el marco de América Latina, precede a Brasil (7°) y supera a Colombia (15°) y Ecuador (18°). En la tabla general, Vietnam es el líder junto a otros países asiáticos como Filipinas e India, en tanto que Estados Unidos participa en el puesto 5°.
Si bien no hay cifras oficiales, ya que no existe registro único de usuarios y una misma persona puede abrir cuentas en múltiples plataformas, diversas encuestas y relevamientos de uso señalan que al menos 1 de cada 10 adultos argentinos compra o compró criptomonedas alguna vez, por lo que se estima que cerca de 2,5 millones de personas que operan criptomonedas en Argentina.
En los fundamentos del proyecto para aumentar los controles sobre las criptomonedas se afirma que “se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI“.
“En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas”, sostuvo el Ejecutivo en el proyecto enviado al Congreso.
La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.