En base a las declaraciones de varios arrepentidos imputados en la causa, el juez citó a Larroque, De Pedro y Ottavis. No descarta llamar a Máximo Kirchner.
Dentro de tres días, la cúpula de La Cámpora, salvo pocas excepciones,deberá declarar en indagatoria en la causa de los “cuadernos K”. Varios de sus dirigentes están comprometidos en el caso por acusaciones y registros probatorios que indicarían que manejaron millones de pesos,originados del pago de sobornos que les cobraban los ex funcionarios de Planificación Federal a empresarios de la construcción, la energía o el transporte.
Ésto último fue confirmado por los propios pagadores y por algunos de los cobradores. Según pudo saber Clarín gracias a fuentes que conocen la investigación judicial, en el expediente se acumularon pruebas variables, que complicaron la situación judicial de esos jefes militantes de la juventud kirchnerista, aunque todos ya tienen más de cuarenta años. Son los subalternos del primogénito de la hoy senadora aforada Cristina Fernández, Máximo Kirchner.
El diputado aforado Andrés “El Cuervo” Larroque; el diputado idem aforado Eduardo “Wado” De Pedro; y el legislador bonaerense José Ottavis serán los primeros integrantes de esa agrupación que tendrán que darle explicaciones a la Justicia en este caso. La primavera camporista del 2018 empieza mal para ellos.
El miércoles 26, juez de la causa Claudio Bonadio escuchará en indagatoria a De Pedro y Ottavis.
Un día después, el jueves 27 de esta semana fue citado Larroque. La defensa de los “camporistas” podría estar ya coordinada.
El viernes 28, además, deberá presentarse ante Bonadio el ex empresario K, de múltiples negocios fallidos que desaparecieron tras el fin del poder K, Sergio Szpolski.
Además de ellos, Bonadio y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, analizan si imputarán al último ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof. Lo mismo le podría ocurrir al ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa. En una situación similar estaría el ex director de Comunicación Institucional de la Presidencia, Hernán Reibel Maier, y el actual diputado aforado Rodrigo “Rodra” Rodríguez.
Las pruebas que complican a este grupo de viejos amigos son relevantespara los investigadores.
Las primeras de ellas, sin embargo, cabían en un Pen Drive secuestrado en un allanamiento a un secretario privado de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu.
El ex funcionario grabó allí lo que, según le explicó a la Justicia, fue cómo se habría repartido parte de los millones de pesos que recibió del valijero con chofer del secretario de coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
Su jefe de entonces, Juan Manuel Abal Medina, fue el primer ex funcionario K de importancia que confirmó que Baratta le entregó “fondos” para usar en la campaña electoral del 2013. Esa entrega se habría realizado en la propia Casa Rosada. En su declaración ante Bonadio, presentada por un escrito, Abal Medina juró que desconocía que esa plata tenía un origen ilegal.
Abal Medina rompió así un primer cerco que abrió otros en este expediente en el que Cristina Fernández ya fue procesada con prisión preventiva por haber liderado una asociación ilícita que usó medios del Estado para quedarse con plata de la corrupción. Confirmó una parte sustancial de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El ex jefe de Gabinete dejó asentado que su secretario Larraburu manipuló esos fondos, siempre por órdenes suyas.
Larraburu declaró dos veces ante Bonadio. Contó su versión cuál había sido su rol en esta historia. Y explicó las primeras pruebas que deberán refutar los dirigentes de La Cámpora.
Son sus anotaciones sobre los gastos de campaña que registró en su Pen Drive. Larroque -dijo- recibió plata para hacer proselitismo en“Buenos Aires”.
Y que la plata para Ottavis se destinó al ítem “campaña sucia”.
Fue Larraburu el que mencionó a Rodríguez, a Reibel Maier y Szpolski.
Pero las pruebas mas complicadas para los “camporistas”, tal vez, hayan sido las confesiones verbales del ex secretario de Obras Públicas durante las tres gestiones presidenciales K, José López.
Bonadio homologó ese arrepentimiento.
“Fue una charla sincera”, la describió Stornelli.
López confesó cómo era el sistema de recaudación ilegal K. Admitió que fue parte de esa trama delictiva.
Y complicó la situación procesal de los dirigentes de La Cámpora que declararán esta semana ante Bonadio, y de otros también.
Según López, durante la campaña electoral del 2015, “faltando dos días para un acto y movilización en plaza de mayo me pide una reunión el Cuervo Larroque y me dice que necesitaba 5 millones de pesos”. Y agregó: “Le dije que no tenía que hablar conmigo sino con De Pedro”. El “arrepentido” relató que “El Cuervo” se fue “enojado” por la respuesta. Y amplió: “Inmediatamente pedí una reunión a De Vido y me dijo que había hecho bien… que le pasábamos financiamiento a De Pedro”. López contó que “De Vido decía que teníamos que seguir esa relación con él porque tenía buena relación con un sector de la Justicia, me refiero a Justicia Legítima”.
Esa agrupación fue creada por la ex jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, por orden del ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Sus integrantes “coparon” lugares claves en los juzgados y fiscalías y usaron -a modo de metáfora y no tanto- el Código Penal como un libro de militancia K.
La titular de “Justicia Legítima”, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, negó haber recibido plata “sucia” del Gobierno K.
Uno de los miembros de esa agrupación es el actual camarista Alejandro Slokar, vocal del Consejo de la Magistratura, que fue denunciado por el abogado Alejandro Fargosi después de que trascendiera parte de la declaración de López.
A fines de agosto, el diputado aforado De Pedro se enojó porque el diario La Nación había escrito sobre este tema a pesar de que él le había transmitido a ese diario que la información era “falsa”.
Los textuales del arrepentido que se repiten en esta nota constan en el expediente. No son “trascendidos”.
De Pedro es abogado y sabe lo que significa declarar en indagatoria.
López reveló otra curiosa situación interna del Gobierno K.
Después de describir cómo le contó a la Presidenta el sistema de sobornos creado por Néstor Kirchner, le aclaró también que el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que manejó otro “arrepentido”, Claudio Uberti, había dejado de ser un ente de recolección de millones de la corrupción. Y dijo: “Creo no me creyó”. Fue por eso, afirmó, que “Kicillof (Axel, ex ministro de Economía, hoy diputado aforado)” y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, “auditaron todo en el OCCOVI y después de mucho estudio se dieron cuenta que ahí no había más recaudación”.
López declaró aterrorizado. Explicó que Cristina era “muy vengativa”. Contó cómo lideraba el hijo ex presidencial a La Cámpora: “Manejaba más con el teléfono”.
El nombre Máximo apareció así en la causa de los “cuadernos K”.