Cuando se siente frente al fiscal Álvaro Garganta, el próximo 16 de marzo, el ex gobernador Daniel Scioli deberá responder una batería de preguntas sobre su gestión y el alquiler de vuelos privados con fondos públicos, una “costumbre” que compartía con otros gobernadores y políticos de primera línea. Sobre ese punto, Scioli ya anticipó sus argumentos en un extenso escrito. Ahí asegura que los vuelos estaban justificados por el estado de la flota aérea oficial. “No tuve otra chance debido a la falta de garantías de seguridad y confiabilidad”, argumentó.
La presentación de Scioli, entregada por sus abogados antes de la citación del viernes pasado, describe minuciosamente el estado de la flota aérea de la provincia de Buenos Aires, cuestionado hasta en la actualidad. Según ese informe, el avión más moderno era un Beechcraft King Air B200, matricula LV-ZRG, adquirido a la provincia de Chaco en 2010. Respecto al Cessna Citation, dice que tenía problemas “mecánicos”.
Sobre los helicópteros de la provincia, el informe remarca que “no tenían autonomía y estaban afectados a las tareas sanitarias”, esto es, el traslado de pacientes, incluso desde el exterior.
Scioli aseguró ante la Justicia que durante su gestión se decidió invertir para mejorar el estado de la flota, pero “la demora en la importación de repuestos implicaba que durante varios meses la aeronave en reparación estaba inoperativa”. También dijo que se analizó la compra de un nuevo avión (similar a un Lear Jet 60), pero finalmente se descartó por los altos costos: entre 5 y 7 millones de dólares y casi el doble si era nuevo.
Como los aviones no eran “seguros”, el ex gobernador se volcó a los aviones privados. “La falta de fiabilidad de nuestros aviones motivó la decisión de salir a contratar vuelos privados. No tuve otra chance debido a la falta de garantías de seguridad y confiabilidad”, dice en su escrito.
Sobre la polémica en torno a las personas que viajaron en los vuelos, el ex gobernador esquivó dar nombres, y destacó que “la normativa no impide llevar personas ajenas a su administración”. No obstante, dijo que las comitivas que lo acompañaron “era preferentemente de mi ámbito administrativo”.
Scioli argumentó que su función lo obligaba a tener reuniones en los aviones y llevar gente de su entorno que lo pueda asistir con “sus patologías en el brazo derecho”.
“Jamás transporté en los vuelos ni autoricé que volara en aviones contratados con fondos públicos a personas solo por el hecho de facilitarles el traslado”, aclaró.
Mas allá de la polémica, la identidad de los pasajeros es un secreto bien guardado y ya se comprobó que no figuran en los registros oficiales. La “excusa” para ocultarlos era declarar los vuelos como oficiales.
También Scioli se refirió a las denuncias sobre el uso de aviones privados para la campaña presidencial de 2015. Dijo que esos vuelos fueron pagados por el Frente para la Victoria (FPV). “No es cierto que con fondos públicos solventé mi actividad política partidaria. Todos los traslados realizados durante la campaña fueron solventados por los fondos electorales que administraba el Frente que representé”, concluye el escrito de casi 160 carillas.
Las pruebas le darían la razón, al menos en ese aspecto. El fiscal Garganta allanó el año pasado las dos empresas contratadas y secuestró todas las facturas. La mayoría fueron emitidas a nombre de la misma razón social: “Frente para la Victoria (FPV) Orden Nacional“, aunque se entregaban en la sede porteña del Banco Provincia, centro operativo del ex gobernador en la Ciudad.
La causa que enfrenta Scioli comenzó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre “cajas” negras en la provincia de Buenos Aires y se fue ampliando con el paso del tiempo. En su presentación, el ex gobernador destacó una y otra vez que los ministerios “gozan de autonomía funcional” aunque dijo que con eso no pretende “atribuir responsabilidad a ningún funcionario”. No se notó.
Para Scioli, las denuncias de corrupción contra su gestión, como los subsidios a cooperativas truchas, se diluyen ante la supuesta falta de pruebas. “Si los subsistemas ejecutaron y los sistemas de control convalidaron, existe al menos una presunción de legalidad en lo actuado”, argumentó en el escrito.
En ese marco, aprovechó para cuestionar a la titular de la Coalición Cívica. “Esta causa ha sido tomada por la denunciante y su círculo político como el canal exclusivo y excluyente de mortificación penal hacia mi persona y quienes fueran funcionarios de mi gestión”, concluyó. El 16 de marzo podrá defenderse ante el fiscal.