El fiscal Javier De Luca volvió a cuestionar hoy la personería de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para ser querellante en la denuncia del fallecido colega Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández aunque sostuvo que en caso de ser aceptada la entidad en ese rol la Cámara Federal de Casación Penal debiera rechazar su recurso.
La DAIA pidió este año investigar la denuncia de Nisman a partir de nuevos elementos aportados a la Justicia pero el juez federal Daniel Rafecas y la sala I de la Cámara Federal penal porteña volvieron a opinar como el año pasado, es decir por el archivo de la misma por inexistencia de delito.
Sin embargo, en su rol de pretensa querellante, la entidad política de la comunidad judía llegó hasta Casación pese a que De Luca había desistido de las apelaciones de sus colegas ante los tribunales inferiores, Gerardo Pollicita y Germán Moldes.
Ahora, como la sala Ie puso fecha la semana pasada a la audiencia para tratar el recurso de la DAIA – los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos convocaron a las partes para el 19 de diciembre- De Luca se pronunció sobre éste y dijo que debe ser rechazado.
Pero previo a ello, el fiscal sostuvo que el tribunal debe resolver “si la documentación acompañada por la DAIA es suficiente para tenerla por parte querellante” por cuanto ello “hace a una cuestión de la legalidad del proceso”.
Igualmente, De Luca opinó sobre el fondo del asunto para el caso de que la DAIA sea aceptada como querellante y reiteró su postura de que para él no constituyó delito alguno la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán en torno a los ciudadanos de ese país acusados por Nisman por el atentado de 1994 contra la AMIA.
“No es posible que unos jueces o fiscales, a pedido de un puñado de personas, sean éstas imputadas, víctimas o representantes de ellas, manejen las relaciones exteriores del país. Para eso están los representantes del pueblo que la Constitución designa, estos son, los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, escribió De Luca.
“El precedente que se dicte al respecto sería gravísimo. No habría vuelta atrás y de manera equivocada y grave abriría una puerta para que de aquí en adelante cualquier Presidente o Canciller sean enjuiciados por actos similares”, añadió el fiscal, que citó como ejemplo eventuales acuerdos con Gran Bretaña en torno a las Islas Malvinas.
Fuente: Clrín