El reclamo es contra el Estado riojano, por supuesta discriminación con el pago del bono de fin de año.
El gobierno riojano decidió pagar un bono navideño de 2 mil pesos a todos los empleados estatales y a un grupo minoritario de municipales, por lo que los empleados de la capital provincial que quedaron afuera iniciaron una serie de protestas, que incluyeron la presentación de una denuncia ante el Inadi por discriminación.
Según dejaron trascender los sindicatos, el gobierno de Sergio Casas decidió pagarle a 3 mil empleados municipales, dejando afuera a unos 5 mil, lo que desnuda un trasfondo político: los que se quedarán sin bono fueron nombrados por la anterior gestión de Ricardo Quintela y por el actual intendente, Alberto Paredes Urquiza. Pero tampoco fueron incluidos los sectores que cobran planes sociales y los precarizados, lo que también amenaza con ser un foco de conflicto.
“Que en nuestro carácter de empleados públicos, nos sentimos agraviados, excluidos y discriminados por la conducta desplegada por el gobierno de la provincia de La Rioja, y en razón de lo expuesto, solicitamos a ese organismo arbitre todas las medidas pertinentes a los fines de que el gobierno provincial cese en esa conducta discriminatoria hacia los empleados públicos municipales“, señala la denuncia presentada ante el Inadi y recogida por el portal local El Federal Online.
El documento fue firmado por un nutrido grupo de empleados damnificados, que contaron con la asistencia de las abogadas Lorena Celis y Gabriela Casas, que integran la asesoría general de gobierno de la municipalidad de la capital provincial.
Los sindicatos también reaccionaron convocando a protestar frente a la Casa de Gobierno. Ayer y hoy hubo protestas masivas, y los trabajadores analizan con redoblar la apuesta a cortar una ruta nacional.
Sin embargo, el gobernador Casas no estaría dispuesto a dar el brazo a torcer: ya mandó a decir que se haga responsable el municipio o que el intendente Paredes Urquiza le pida el dinero al gobierno nacional, lo que busca dejar en una posición incómoda al jefe comunal y hacerlo pagar el costo (político o económico), pese a que la iniciativa surgió del Ejecutivo provincial.