La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos por lavado de dinero de ex funcionarios de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y financistas por una serie de maniobras con la compra irregular de lingotes de oro de unos 800 millones de pesos concretada entre el 2012 y el 2016.
En la causa se investiga la venta de oro a precio vil, desde que se produjo un significativo aumento de producción y comercialización a partir del año 2012 con una consecuente pérdida millonaria para la empresa estatal YMAD.
En la causa, además, se investigó a varias empresas que habrían funcionado como cuevas financieras y con una de las cuales -pese a los embargos ordenaron-, dos hijos de Lázaro Báez movieron 148 millones de pesos a través de la venta fraudulenta de lingotes de oro.
En la causa, que investiga el juez federal Sebastián Ramos, se confirmó los procesamientos de Ester Fossati, Claudio Sánchez, Rodrigo Ezequiel Sánchez y Walter Tallarico, mientras que Nicolás Di Primo y Marcelo Martínez fueron convocados a indagatoria por haber participado entre diciembre de 2015 y julio de 2016 en un movimiento de fondos por fuera del sistema legal que permitió recibir en las cuentas de la firma M&P SA dinero proveniente de Austral Construcciones S.A., propiedad mayoritaria de Lázaro Báez.
Así se evadió el embargo decretado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K. Sucede que una de las sociedades acusadas es Dereli SA que fue allanada por Casanello por su relación financiera con la empresa M&P, propiedad de Luciana y Martín Báez.
La causa inició con una denuncia en diciembre de 2016 hizo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, contra la gestión K de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que administran la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el gobierno nacional. YMAD se dedica a la exploración, explotación y comercialización de yacimientos de oro.
La sala II, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, confirmó también los procesamientos de Ángel Roberto Olivera, Marcelo Martínez, Valeria Alejandro Trejo, Ariel Aníbal Buontempo, Ester Fossati, Walter Pedro Tallarico, Claudio David Sánchez, Rodrigo Ezequiel Sánchez, Omar Di Primio, Iván Sández y los embargos decretados por la suma de 70 millones de pesos y los procesamientos por similar delito de Adrián Leonardo Posada y de Irene Castro, así como los embargos trabados por 30 millones de pesos.
Además, se declaró la falta de mérito de Miguel Ángel Ortega, Manuel Eduardo Fondovila, Rosana Edith Mazacote y Manuel César Benítez.
El tribunal de alzada subrayó en su resolución que, además, “no existe respaldo contable que acredite el origen legal de los fondos que circularon por esas cuentas bancarias”. Tampoco, se sabe el destino final de los lingotes de oro.
La firmas involucradas “lavaban dinero en connivencia con funcionarios estatales” nombrados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Nueve empresas fueron beneficiadas por la compra del oro -Siembra y Comercialización de Granos S.R.L., Proydesa S.A., Karnika Porteña S.R.L., Daea S.R.L., Dereli S.A., Ciney S.A., Acori S.A., Campo y Ganados S.A. y Consignatarios Unidos del Sur On Line S.A. La mayoría no podían justificar este tipo de inversiones millonarias, dice el fallo. Además, sus objetos sociales -la mayoría agropecuarios- no guardaban relación con el negocio del oro. Por eso se procesó por el delito de lavado de activos, entre otros delitos.
En el fallo se explican los montos totales involucrados: “El pago se efectuó a través de las respectivas cuentas corrientes financieras y comprometió, en total, una suma estimada por la querella en seiscientos ochenta y seis millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y seis pesos ($ 686.252.686).
En particular, Proydesa S.A canalizó la suma de $63.170.090 en 2014, $ 92.827.900 en 2015 y $15.147.600 en 2016; Karnika Porteña S.R.L. $ 37.878.270 en 2014, $95.344.000 en 2015 y $12.250.300 en 2016, Dereli S.A. $ 43.540.050 en 2015 y $16.959.000 en 2016, Ciney S.A. $3.207.400 en 2014 y Siembra y Comercialización de Granos S.R.L. $71.052.214 en 2014, $ 86.816.000 en 2015 y $17.912.200 en 2016; Daea S.R.L. $35.616.750 en 2014, $53.119.055 en 2015 y $12.202.100 en 2016 y Acori S.A $15.878.366 en 2014 y $11.111.391 en 2015; Consignatarios Unidos del Sur On Line S.A $1.501.000 en 2014 y Campo y Ganados S.A. $719.000 en 2014”.
“Los hechos que aquí se investigan atañen a personas que tenían un constante manejo de cuantiosas sumas de dinero de procedencia ilícita presuntamente ligadas -según el caso- a la evasión tributaria, al contrabando y eventualmente a la corrupción estatal”, resaltó el tribunal.
Al menos, en el período comprendido entre los años 2014 y 2016, “habrían desarrollado maniobras de lavado de activos, a partir de su aplicación en la adquisición de oro para lo que se habrían valido de sociedades que no contaban con una actividad real y verificable”, agregó la cámara.
Una auditoría sobre 142 expedientes de venta de lingotes de oro determinó que entre 2012 y los primeros meses de 2016, hubo un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por la empresa. En 2008 era 12,5 kilos de oro y para 2015 se llegó a 1.155,25 kilos.
La denuncia de la OA planea que no hubo “razones que justifiquen”, dicho aumento considerando que cada año había “más pérdidas producto de la refinanciación por lingote de oro”.
Las transacciones según se denunció, se habrían materializado a través de licitaciones privadas “mediante las cuales se adjudicaron el 80% de las ventas”, a diez empresas organizadas en tres grupos y que estarían “vinculadas entre sí”. A varios de los ex funcionarios procesados se les secuestró oro o dinero en efectivo durante los allanamientos que ordenó el juez Ramos.
fuente. clarin