“Tucumán en crisis de adicciones”, es una frase que se escucha con frecuencia en los barrios de la capital, y aunque la situación es clara para los habitantes, falta un reconocimiento formal a nivel político.
En las últimas semanas, los trabajadores de los servicios públicos contra las adicciones han estado manifestándose para reclamar mejores condiciones laborales y el reconocimiento oficial de su trabajo.
Sin embargo, detrás de estos reclamos hay una problemática aún más grande: la creciente demanda de atención debido al aumento en el consumo de sustancias y la violencia en los barrios. Además, se suma la disminución de especialistas en los Centros Primarios de las Adicciones (Cepla), que dependen del Ministerio de Desarrollo Social provincial.
Según Emilio Mustafá, especialista que trabaja en la zona de Los Vázquez, entre otros lugares de Gran Tucumán, existe una creciente demanda por problemas de salud mental, además de las adicciones.
Esta situación se agravó tras la pandemia de COVID-19, con más reclamos y solicitudes de asistencia desde todos los ángulos. La violencia creciente en Tucumán también es un reflejo de la fractura social en la comunidad.
En los Cepla, como el de La Costanera, se encuentran cada vez más desbordados por el número y complejidad de los casos, agravado por la disminución de personal profesional. Muchas personas que buscan ayuda no solo enfrentan problemas de salud mental, sino que también se encuentran en situaciones de vulnerabilidad: sin acceso a comida, vivienda o servicios médicos.
Los profesionales de los Cepla, de hecho, se encuentran realizando labores más allá de su competencia, como ofrecer ayuda alimentaria y vivienda, aparte de su trabajo en adicciones. De esta manera, su trabajo ha adquirido una nueva dimensión: no solo tratan las adicciones sino que cumplen el rol del Estado en general.
Ante esta crisis, los trabajadores han pedido la aplicación de una ley de emergencia en adicciones y salud mental para la provincia y la convocatoria a un diálogo intersectorial, incluyendo áreas públicas y privadas, para la segunda semana de agosto.
Recientemente, se dio un caso grave en el que una mujer fue acusada de privar ilegítimamente la libertad de su hijo. Este último, adicto a las drogas y al alcohol, estaba encadenado, deshidratado, desnutrido y en malas condiciones de salud e higiene. Según ella, tomó tales medidas extremas para proteger a su hijo y a sus vecinos de sus acciones violentas y delictivas.
Según Mustafá y otros profesionales, se han registrado casos similares en Tucumán durante más de una década. Enfatizan que culpar a una madre desesperada es más fácil que cuestionar el papel del Estado en la situación, y reflexionar sobre cómo llegó a este punto crítico, considerando los factores psicosociales y la falta de apoyo gubernamental.
fuente: losprimeros