Una dotación de 50 efectivos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) concretó ayer el allanamiento a la cárcel de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación por estafas telefónicas contra víctimas de Rafaela, que según las pesquisas estaban organizadas directamente desde esa prisión. El operativo abarcó la requisa de diez viviendas en la capital cordobesa donde residen familiares y allegados de los presos que participaron de los engaños.
En total por este caso serán imputadas 21 personas que deberán comparecer en Rafaela luego de los trámites de extradición. Seis de ellos son reclusos que están cumpliendo penas efectivas.
Impresionante. La pesquisa fue iniciada por los fiscales provinciales de Rafaela Diego Vigo y Guillermo Loyola a partir de denuncias de vecinos de esa ciudad. Pero el avance del trámite se abrió paso hacia una impresionante cantidad de damnificados de maniobras similares: hasta el principio de esta semana se llevaban detectados 900 casos en todo el país. Hay perjudicados en las provincias de Tucumán, Jujuy y Chubut.
La investigación implicó un trabajo de seguimiento patrimonial, además del accionar de inteligencia de la PDI en base al uso de un software denominado I2 que contacta personas con personas y personas con bienes barriendo una nueva base de datos integrada de datos públicos.
La causa arrancó el 18 de febrero pasado cuando se produjeron seis denuncias en Rafaela de personas que dijeron haber sido víctimas de una estafa iniciada con mensajes de texto llegados a sus teléfonos celulares, en los que se les anunciaba que habían ganado un auto o en algunos casos electrodomésticos.
El sistema I2 estableció que los mensajes recibidos por las víctimas tenía un mismo origen: la cárcel de Cruz del Eje. Desde allí eran iniciados los mensajes de texto en los que invitaban a los receptores a conectarse a una página web donde aparecían sus datos precisos y la referencia de haber obtenido un auto en un sorteo. La víctima tendía a creer en el ardid porque los estafadores hablaban en nombre de las compañía telefónicas de las que eran abonados.
Según consignó el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, la estafa se concretaba cuando los supuestos beneficiarios del sorteo eran invitados a transferir dinero mediante giros postales, en concepto de gastos administrativos, de patentamiento o de traslado de los vehículos 0km desde las plantas fabriles a las concesionarias desde donde serían retirados.
Allí entraban en acción los allegados de los presos que se encargaban de recibir los fondos girados a través de empresas de servicios como Western Union o Pago Fácil. Estos podían tramitar los cobros por el hecho de gozar de libertad. Algo que los que los diseñadores del fraude no podían por el hecho de estar en la cárcel.
En los seis casos denunciados en Rafaela las víctimas transfirieron dinero. La revisión del número de los mensajes entrantes y seguimientos online permitieron llegar a los finalmente acusados.
Allegados. Los hombres de PDI y cien policías cordobeses también allanaron viviendas en Córdoba capital. Eran vivían quienes recaudaban el dinero y mantenían actualizadas las páginas web donde se exhibían los premios (Americancelpremios, 4Gmovilcelpremios, 4Gmovil, tusuertesobreruedas, TTgrantmovil y Renaultcredil) a través de las cuales se engañaba a las víctimas.
Según informó ayer en rueda de prensa en Córdoba el comisario Diego Martinelli, los estafadores les decían a sus víctimas que para retirar los vehículos que habían ganado debían transferir entre 3.500 y 5 mil pesos. No se estableció a cuánto asciende el monto de lo obtenido en las reiteraciones del fraude.
El modus operandi consistía en llamar a los damnificados y decirles que habían resultados premiados. Para que el engaño funcionara, los acusados montaron una página web con fotos de otros supuestos ganadores y el nombre de una empresa de telefonía. “Le decían a las víctimas que habían sido adjudicadas al premio de un auto, un televisor o electrodomésticos, y que podían buscarlo en Buenos Aires o se los enviaban. Para enviarlo tenían que pagar entre 3.500 y 5 mil pesos”, indicó el comisario Diego Martinelli.
De los 15 detenidos en la ciudad de Córdoba doce son mujeres. En el procedimiento se secuestraron más de 20 teléfonos celulares, 45 mil pesos en efectivo, dos autos y dos motos, un arma de fuego, más de 60 tarjetas de telefonía prepaga y chips, electrodomésticos como heladeras, computadoras, lavarropas, televisores, secarropas y documentación de interés para la causa. También fue encontrado el servidor que proveía los datos solicitados por las PC de las víctimas.
La PDI llevó desde Santa Fe 12 vehículos que estuvieron coordinados por el director general de Policía Daniel Corbellini. Según contó Chávez a este diario colaboraron un camión de logística y otro vehículo de la Unidad Regional II. En Córdoba participó la fiscalía a cargo de Rubén Caro.
Fuente: NuevoDía