Se trata de dos funcionarios del Gobierno Provincial que participaron de “cenas de amigos” durante la cuarentena estricta decretada por Alberto Fernández. A pesar de que, igual que Alberto con su “querida Fabiola”, pidieron disculpas y pagaron un monto importante de multa, fueron sancionados por la Justicia. Evidentemente la ley no es igual para todos.
Federico José Roldán Vázquez y Alfredo Iramain (h) no se libraron de la sanción administrativa a pesar de que pidieron disculpas públicas y desembolsaron $ 200 mil para la Comisaría 7° a los fines de cerrar la causa penal. El Tribunal de Cuentas y la Corte Suprema les impusieron suspensión de un mes sin goce de sueldo luego de acreditar la transgresión a las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández.
En actuaciones separadas, las autoridades achacaron “falta de decoro” a los funcionarios arrestados durante la madrugada del 25 de abril pasado por participar en una reunión social que la Policía denominó “fiesta clandestina” y que aquellos definieron como una mera cena de amigos.
Trabajan en el Tribunal de Cuentas
Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, vocales del Tribunal de Cuentas, aplicaron la sanción a Iramain, que es hijo del secretario de la Junta Electoral Provincial, Alfredo Iramain, y cumple funciones como delegado fiscal en el Ministerio de Seguridad (el presidente Miguel Chaibén Terraf no firmó el instrumento porque estaba de licencia). La decisión consta en el Acuerdo 1.611 emitido el 21 de mayo de 2021, menos de un mes después de los hechos. El sumario practicado a tal efecto determinó que Iramain (h) concurrió a una reunión “en un horario no permitido” e incumplió la normativa en vigor en ese momento para evitar la propagación de la pandemia. “Debía observar una conducta decorosa y digna en el servicio y fuera de él, según el artículo 37, inciso ‘d’, del Estatuto del Personal del Tribunal de Cuentas, pero esto no ocurrió en la conducta descrita y reconocida por el agente”, citaron Vidal y Díaz Ricci.
Investigación
La investigación interna descartó que el contador fiscal del Ministerio de Seguridad haya agredido en forma física y verbal a los policías que llevaron adelante el procedimiento anti-covid-19, o que haya intentado valerse de su calidad de funcionario público para obtener algún privilegio. En cuanto al “intento de interferencia” a la actuación policial atribuido a Iramain (h), el sumario recomendó, ante la falta de pruebas, interpretar ese reproche de un modo “atenuado” y en el sentido de una actitud colaborativa con el operativo “para calmar los ánimos”.
En conclusión, Vidal y Díaz Ricci recordaron que el funcionario había sido suspendido -al día siguiente del suceso- en forma preventiva y cautelar por un mes sin goce de sueldo, y consideraron que, por ese motivo, la sanción ya había sido purgada por lo que simplemente ordenaron el registro de la medida en el legajo.
Muchos autos
La Policía dijo que en la vereda del domicilio de Roldán Vázquez había un gran número de autos; que la música estaba a un volumen alto; que, ante la orden de desarmar “la fiesta clandestina”, el procurador golpeó al comisario Walter Colombres; que Iramain (h) intentó evitar el arresto y que, por ello, los dos funcionarios terminaron en el patrullero. En ese momento regía en Tucumán la restricción de circulación entre las 0 y las 6; el cierre a las 23 de la atención al público en bares y restaurantes, y la suspensión de las reuniones sociales.
La segunda sanción
La Corte se expidió respecto de Roldán Vázquez en la Acordada 967/21 emitida el 9 de agosto con los votos de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. En un instrumento más extenso que el del Tribunal de Cuentas, los integrantes del alto tribunal objetaron al procurador, que es hijo del camarista penal jubilado, Pedro Roldán Vázquez, el haber faltado al deber de ejemplaridad que le corresponde observar como consecuencia de la función pública que ejerce y que lo obligaba a ajustar su accionar al decreto del presidente Fernández.
Sin domicilio actualizado
La Corte también cuestionó al auditor penal por haber omitido mantener actualizado su domicilio en las bases de datos del Poder Judicial, aunque dejó de lado las imputaciones de que aquel habría golpeado a un policía y de que se habría resistido a la autoridad, como consta en el acta del procedimiento.
“Corresponde analizar el significado que tiene la palabra ‘decoro’ para la función judicial que desempeña Roldán Vázquez. Al respecto, Eduardo Couture enseña que el decoro es un concepto de excepcional amplitud. Abarca no sólo el honor, sino también el respeto, la reverencia, el recato y la estimación (…). Abarca tanto el prestigio social representado por la dignidad del comportamiento, como el respeto que una persona debe a los dictados de su propia conciencia”, reflexionaron Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Rodríguez Campos.
Exhibir decoro
Y añadieron que el funcionario debía exhibir el decoro aún fuera de su ámbito laboral: “en el tiempo transcurrido entre la noche del 24 de abril de 2021 y la madrugada del 25 de abril de 2021, el secretario omitió realizar las previsiones necesarias con miras a no comprometer el prestigio de la función que cumple en el Poder Judicial”.
La Corte rechazó que Roldán Vázquez estuviese en un ámbito privado: “se colocó de manera consciente y voluntaria en una situación de peligro que lo hacía pasible de contraer la enfermedad conocida como covid-19. Con tal accionar puso en riesgo no solo la continuidad del servicio de justicia que está obligado a prestar, sino también el servicio que dedica el personal de la salud, que actualmente se encuentra colapsado, como es de público conocimiento”.
Los vocales juzgaron como “agravante” que “la mentada reunión” haya trascendido en un momento en el que la sociedad está obligada a realizar un gran esfuerzo económico, psicológico y emocional por razones de salud pública, y espera que quienes ejercen funciones en el Estado brinden el ejemplo. “La difusión del convite en el hogar del agente ha puesto en tela de juicio el prestigio de quienes forman parte del Poder Judicial, lo que deteriora la confianza que el sistema de justicia y sus trabajadores deben forjar en la comunidad”, dijeron Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Rodríguez Campos.
Su conducta debe ser un paradigma
Y enfatizaron: “como funcionario público su conducta debe ser en todo momento susceptible de ser tenida como paradigma y expresar empatía en especial en una situación como la que vivimos. Cabe destacar que, por tratarse de un funcionario judicial de elevada jerarquía en la escala administrativa, la protección de su derecho a la intimidad es más reducida que la que cubre a un ciudadano particular”.
Al momento de determinar la sanción, la Corte tomó en cuenta que Roldán Vázquez -acató la suspensión- había expresado su arrepentimiento y pedido perdón, además de hacer actos de reparación. Los vocales también advirtieron que el funcionario tenía un legajo impecable, y que su superior inmediato, Luis Lezana Flores, había elogiado su vocación de servicio y compromiso con las auditorías. “Roldán Vázquez siempre se ha conducido de manera muy correcta. Su manera de comportarse y su educación son sobresalientes”, refirió Lezana Flores.
Roldán Vázquez es el segundo funcionario que la Corte sanciona por violar la cuarentena. En 2020, el alto tribunal echó al entonces prosecretario Alejandro Vallejo, quien quedó expuesto por un altercado con los vigilantes de un barrio privado a los que aquel amenazó con que “iba a hacerles armar una causa penal”. “Se acabaron los padrinos en el Poder Judicial”, había prometido el vocal decano Estofán a propósito del caso de Vallejo, quien acumulaba una sanción y 15 traslados en 25 años de desempeño.
fuente: lagaceta