Uno de los ocho Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, los que juzgan casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, quedó vació. En 2017 renunció una de sus titulares y donde entonces no fue reemplazada. Y el viernes lo hicieron sus otros dos jueces. Fue para jubilarse y no poner en riesgo sus ingresos previsionales ante el proyecto del Gobierno que busca modificar el sistema de jubilaciones del Poder Judicial y que generó duras críticas entre los magistrados.
Fuentes judiciales informaron que los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, del Tribunal Oral Federal 6, presentaron el viernes sus renuncias ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Así, el tribunal se quedó sin jueces titulares, y para reemplazaros deberán ser nombrados magistrados suplentes .
Martínez Sobrino y Panelo tenían otorgada la jubilación hacía tiempo y esperaban el momento para renunciar y hacerla efectiva. Lo hicieron cuando entre jueces, fiscales y empleados hay incertidumbre por el proyecto que presentó el gobierno de Alberto Fernández y que la semana que viene comenzará a tratarse en el Congreso de la Nación.
Ambos magistrados presentaron su dimisión con fecha del viernes y aclararon en sus textos que se jubilaban bajo el actual régimen que les da a los integrantes del Poder Judicial de la Nación el 82 por ciento móvil de su último sueldo.
Estas no son las primeras desde que se conoce el proyecto. Esta semana ya renunciaron una veintena de magistrados entre jueces y fiscales para poder jubilarse con el actual sistema. Y desde las asociaciones de jueces y fiscales sostienen que podrían sumarse más.
La salida de los jueces -las renuncias deben ser aceptadas y publicadas en el Boletín Oficial- implica que el Tribunal 6 se queda sin magistrados titulares. No significa que queda sin integrantes. En su lugar serán designados como suplentes jueces de otros tribunales hasta tanto los lugares sean nombrados sus titulares, un proceso que dura años.
Pero en la práctica, reconocen otros magistrados consultados por este medio, el trabajo se verá afectado. Es porque los jueces suplentes deberán conocer las causas que tiene ese tribunal y compatibilizar ese trabajo con los expedientes de su propio tribunal.
¿Qué pasará con los juicios que ya están en marcha en el Tribunal 6? “Van a continuar con Panelo y Martínez Sobrino aunque hayan renunciado”, respondió una fuente judicial.
Si los jueces se van, los juicios se caen. Martínez Sobrino y Panelo se reunieron el viernes con Angela Ledesma, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, de quien dependen los tribunales orales. Ledesma les dijo que cuando las renuncias sean aceptadas serán convocados como jueces jubilados -algo que prevé la ley- para que continúen en los juicios.
El Tribual 6 actualmente juzga al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y a sus familiares por presunto enriquecimiento ilícito. A eso proceso se sumará próximamente el caso de la compra de trenes chatarra a España y Portugal, en la que junto con Jaime será juzgado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Además, el Tribunal 6 tenía fijado para abril el inicio del juicio a Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por el presunto uso de fondos públicos para gastos personales. Pero por la agenda del tribunal ese proceso iba a postergarse, le adelantaron a este medio fuentes judiciales.
Pero el tribunal ya tenía fijada fecha para otros juicios. “Esas causas también deberían ser juzgadas por Panelo y Martínez Sobrino pero será algo que resolverá Casación”, explicó una fuente. Por otra parte, ambos magistrados eran suplentes en otros tribunales donde continuarán con los juicios que ya tienen pero no podrán hacer otros.
Además de Panelo y Martínez Sobrino la tercera titular del Tribunal 6 era María del Carmen Roqueta, quién dejó el cargo el 1 de abril de 2017. Desde entonces está vacante porque nunca fue cubierto por otro titular y el lugar fue ocupado por distintos jueces suplentes.
El gobierno nacional envió hace una semana un proyecto al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias el sistema especial de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio diplomático. En la actualidad, estos regímenes especiales alcanzan a más de 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de $14.067, por lo que deben ser revisados para aportar al esfuerzo económico que hacen otros sectores, como el resto de los jubilados.
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Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone llevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años, subir del 12 actual al 19 por ciento el aporte; excluye categorías del régimen como los prosecretarios administrativos, elevar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio, y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
Desde la justicia aceptan las primeras reformas pero objetan fuertemente la última. Sostienen que el proyecto no especifica cuál es la fórmula para calcular la jubilación, lo que genera una incertidumbre a futuro, y que como está redactado el proyecto podrían percibir una jubilación del 60 por ciento del sueldo cuando con el régimen actual se retiran con el 82 por ciento móvil del haber.
La asociaciones de jueces, de fiscales y el gremio de empleados judiciales se opusieron públicamente a la iniciativa. “Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron la semana pasada en un comunicado.