La actual conducción de la AFIP, a cargo de Alberto Abad, denunció que su antecesor, Ricardo Echegaray, ocultó a la Justicia una deuda fiscal de unos 1.700 millones de pesos del empresario Lázaro Báez para favorecerlo en una causa.
El dato, adelantado por el diario La Nación, consta en un informe de 31 páginas que el organismo recaudador le llevó al juez Sebastián Casanello y se conoce cuando Echegaray está en la mira por permitir una evasión aún más grosera del otro empresario preferido de los Kirchner, Cristóbal López, y cuando tiene nueva cita en Tribunales por el caso Ciccone. En este último caso, el ex jefe de la AFIP está acusado de favorecer el ingreso de Amado Boudou y su entorno en la imprenta privada.
En cuanto a Casanello, a cargo de investigar el presunto lavado de dinero en la llamada “Ruta del Dinero K”, “busca determinar el delito precedente y la cadena de complicidades que le permitieron expandir su patrimonio durante los años de gobierno kirchnerista”, amplía el artículo de La Nación.
“La suma total, sin multa, ascendió a un monto superior a los mil setecientos cincuenta y cuatro millones de pesos”, detalló el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP – DGI, Jaime Mecikovsky, respecto a la deuda de Báez ocultada.
El organismo recaudador “reinspeccionó” todas las empresas de Báez que durante el kirchnerismo se manipularon en Bahía Blanca -allí hay una causa por facturas truchas y Echegaray decidió disolver la regional cuando trascendió la información que comprometía a Báez- y en Microcentro.
Concluido el relevamiento, explica la nota, Mecikovsky alertó a Casanello que el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, que investigó a Báez por evasión entre 2014 y 2015, “fue engañado por la conducción de la AFIP de entonces (Echegaray era el uno y Rubén Toninelli el dos) con informes falaces para llevarlo a sobreseer a los responsables de Austral Construcciones”, la empresa madre de Báez.
La nueva conducción de AFIP presentó documentación ante López Biscayart y ante Casanello para que puedan avanzar sobre el empresario K, preso desde hace más de un año. Cuando en abril habían trascendido los primeros datos del ocultamiento, Echegaray había hablado de “persecución política” y había responsabilizado a sus subordinados: “La determinación del monto de los impuestos es resorte exclusivo de la línea operativa de la DGI, no de la AFIP”.
Según aclara Mecikovsky en su presentación a la Justicia, empleados de AFIP que trabajaron con Echegaray y Toninelli están dispuestos a declarar para corroborar las presiones que recibieron para proteger a Báez.
Fuente: Clarín