La tregua que había logrado gracias a su crítica más dura -Elisa Carrió, que torpedeó el proyecto de ley para recortar su mandato y sus funciones- se acabó para la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó:esta mañana, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentará en Diputados un puntilloso pedido de juicio político en su contra.
“La doctora Gils Carbó ha incurrido en una serie de irregularidades que demuestran, sobradamente, la concurrencia de las causales de mal desempeño y la posible comisión de delitos de acción pública en el ejercicio de sus funciones”, dice la presentación a la que tuvo acceso Clarín. Aunque las objeciones a la procuradora son muchas, el escrito dice que “las aludidas irregularidades reconocen un denominador común: la designación de fiscales sin observar las normas que regulan el respectivo proceso de nombramiento.” “Es sumamente grave que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, para nominar fiscales de su personal preferencia en Fiscalías o dependencias claves, haya violado, en reiteradas oportunidades, el mecanismo legalmente previsto para llevar a cabo la designación”, acusan los abogados.
La supuesta siembra de fiscales adictos en distintas oficinas habría comenzado con “las ilegales designaciones resultantes de la cuestionable PROCELAC”, o sea la fiscalía antilavado.Gils Carbó puso allí al cuestionado y ahora renunciado fiscal Carlos Gonella, “el mismo día” que a través de una resolución creó la PROCELAC y“sin concurso de antecedentes ni acuerdo del Senado”
Según la denuncia, la maniobra habría sido ejecutada en dos pasos. Primero, con el nombramiento de Gonella como fiscal general subrogante de la fiscalía general 2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba. Segundo, con su designación como fiscal general subrogante en la flamante fiscalía antilavado, presentada como un mero “traslado” funcional. “Sin embargo, lo que allí no aclaró la doctora Gils Carbó es que la subrogancia que ejercía Gonella en Córdoba lo era como fruto de una designación provisoria en su carácter de ‘integrante de la lista de abogados de la jurisdicción para el año 2009’”. O sea que en 2012, Gonella “no revestía el cargo de fiscal nombrado conforme a la normativa vigente”. Aquella falla de origen habría intentado ser subsanada un año después, cuando Gonella cumplió los pasos legales y fue nombrado por decreto. Pero en una fiscalía de Formosa. De inmediato, Gils Carbó lo envió adonde estaba, en la Procelac.
La procuradora también será denunciada por “cambiar el régimen de selección” de fiscales, eliminando el sorteo como medio de elección de los jurados: “se adjudicó la designación de los magistrados vocales de los tribunales examinadores a su libre arbitrio, es decir, ‘a dedo’”, dicen los abogados, y citan una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que el 10 de mayo pasado declaró la invalidez del régimen creado por Gils Carbó. Según la denuncia, el sistema de la procuradora permitió designar “directa y arbitrariamente” los jurados de veinte concursos.
Otro de los motivos para el pedido de juicio político es “la improcedente practica de cubrir cargos sensibles con fiscales designados para otras jurisdicciones”.El mecanismo era el siguiente: se creaban juzgados, fiscalías y defensorías que por por falta de presupuesto aún no funcionaban, pero en el caso de los fiscales eran nombrados igual, y se los designaba en otros destinos. El caso estelar es el de Leonel Gómez Barbella, nombrado para cubrir la fiscalía de General Pico (aún no habilitada) y en menos de seis meses designado como subrogante en Morón y luego en la fiscalía federal 5 de Capital. Hay más nombres cuestionados con pruebas.
También se denuncia el nombramiento irregular como fiscales de secretarios y funcionarios de la Procuración, y se detallan los casos de Alejandra Cordone Roselló y María Márquez, cuyas intervenciones ya fueron cuestionadas en varios juicios.
La presentación que aterrizará hoy en el Congreso es explosiva. Autoridades del Colegio de Abogados también visitarán al titular de la comisión de juicio político, el oficialista Alvaro González Pruebas, sobrarían. Después habrá que contar votos.
Fuente: Clarín