Los desafíos actuales de la Justicia, la sanción del nuevo Código Procesal Penal, la inseguridad, la crisis carcelaria y la formación de los futuros magistrados fueron algunos de los temas que Diario Cuarto Poder abordó con el vocal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Daniel Posse, quien consideró que sólo un trabajo conjunto de los poderes del Estado puede dar respuesta a los reclamos e inquietudes de la sociedad tucumana.
-¿Qué efecto cree que causará la sanción del Código Procesal Penal?
-Se ha trabajado bien desde la Legislatura por más de dos años para lograr este nuevo Código Procesal Penal. La tarea fue muy consistente y con mucha amplitud. Se puede tener la mejor estructura jurídica, el mejor armado de leyes, pero si no hay recursos efectivos para estructura y personal calificado, esto puede naufragar. Las modificaciones le sirven al Poder Judicial, a lo justiciable. Si se cree que esto va a incidir directamente en las políticas públicas destinadas a combatir la inseguridad, es una idea equivocada.
-¿No sirve este Código Procesal Penal contra la inseguridad?
-No, sirve al efecto de la Justicia. Para dar un ejemplo, cuando una persona, ya sea en calidad de víctima o victimario, entra en el Poder Judicial, es como que un enfermo oscile entre la terapia intensiva y el cementerio. El delito ya fue cometido, el daño ya está hecho y la víctima quiere conseguir una reparación a ese perjuicio en el menor tiempo posible. El espíritu de estas modificaciones es acelerar los procesos judiciales. La inseguridad forma parte de otro tránsito en el que la prevención es fundamental y ella está bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
-¿Por qué entonces el poder político achaca todos los males a la justicia garantista?
-Las garantías están establecidas en la Constitución y las normas vigentes, si el poder político piensa que las normas y la Constitución son inconvenientes lo que tiene que hacer es modificarlas. Los jueces lo único que hacen, en términos generales, es cumplir con la ley.
-¿Qué opina de la crisis carcelaria?
-La Constitución establece la obligación de resocialización de las personas detenidas, pero ello es imposible en las actuales condiciones de precariedad de las cárceles o de los lugares de detención como las comisarías, en donde los presos están detenidos en espacios mínimos. Se necesitan establecimientos carcelarios nuevos y modernos, porque una de las premisas para pensar la inseguridad en términos reales es determinar qué se hará con las personas que están detenidas o condenadas.
-¿Se puede lograr resultados en la lucha contra la inseguridad?
-Cuando se observa que la inseguridad figura siempre en los primeros puestos de las encuestas como uno de los problemas sociales que más se plantean, tiene que haber una respuesta del poder político y obviamente la respuesta involucra a todos los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto. Se debe atacar el problema en forma interdisciplinaria para hallar una solución, que no se logra de la noche a la mañana. Tiene que quedar claro que esta situación no se modifica con un cambio de código o un sistema normativo completo. Esta es una circunstancia más compleja e integral que requiere un abordaje interdisciplinario y serio, un tarea a largo plazo. No se pede plantear las soluciones de manera fantasiosa o mágica porque nos estaríamos mintiendo como sociedad y nos alejaríamos de la solución concreta a un problema que aflige y que requiere de un esfuerzo de todos los tucumanos para que se vayan atenuando sus efectos.
Hay un cambio en la estructura de la Justicia
En torno a los cambios establecidos por el nuevo Código Procesal Penal, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, consideró que “implica una reforma en la estructura del Poder Judicial, que requiere de mayor cantidad de fiscales y jueces, además de la incorporación de colegios de fiscales, de defensores y de jueces, sin dejar de lado lo medular que es una nueva caracterización de la administración de justicia”.
Subrayó que “implica un cambio cultural muy profundo, porque el juez deja de ser el juez de oficina que ordena su despacho, sino que pasa a ser un instrumento más. Quien maneja las audiencias, la forma y los tiempos, es un administrador y una oficina que sería la oficina de gestión judicial y de gestión administrativa. Ese cambio cultural muy profundo se patentiza en el hecho de que el juez abandone todas estas funciones que tiene, lo que va a requerir un proceso de capacitación muy fuerte. Es un salto de calidad muy importante pero incierto porque se requiere de fuertes inversiones”.
El rol de la Escuela Judicial
Con relación a esa capacitación tan necesaria, el vocal de la Corte Suprema de Justicia, subrayó la importancia que tiene la Escuela Judicial que funciona bajo la órbita del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
“La labor que cumple la Escuela Judicial del CAM implica una política pública importantísima por sus características, no sólo porque es gratuita sino porque pueden acceder a ella no sólo los funcionarios judiciales sino también los abogados litigantes que cumplan con los requisitos. La incorporación se hace mediante la inscripción en un listado de aspirantes, que después van a sorteo en la Caja Popular de ahorros, en un sistema que garantiza la transparencia”, explicó Posse.
“Contamos con un plantel de lujo, tanto de docentes como de capacitadores, para dar un amplio marco relacionado a la mejor administración de recursos humanos, técnicos y los conocimientos para la labor de cualquier magistrado que tenga que desempeñarse en el Poder Judicial”, señaló.
También destacó el esfuerzo y la dedicación que pone el personal de la Escuela Judicial en el cumplimiento de sus funciones, a fin de que se puedan brindar las capacitaciones en las mejores condiciones posibles, tanto en la Capital como en las ciudades de Concepción y Monteros.
Posse destacó el enorme interés que despertaron las convocatorias de la Escuela Judicial del CAM, dirigida por Fernando Ganami, quien cumplirá con esa responsabilidad por dos años más, luego de renovársele la confianza por la tarea que viene realizando.
“Una de las claves es la posibilidad de que los abogados en ejercicio de la profesión puedan acceder a una capacitación que, en otras circunstancias, sólo estaría destinada a los empleados o magistrados judiciales”, enfatizó en lo que hace a la inclusión y a la igualdad de oportunidades que se tratan de garantizar desde esa unidad de capacitación y perfeccionamiento profesional.
Finalmente consideró importante el rol que tendrá que desempeñar la Escuela Judicial en las modificaciones establecidas por el Código Procesal Penal. “Tenemos docentes y capacitadores especializados en estas innovaciones”, subrayó para finalizar.