Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner. Se enriqueció ilícitamente y admitió haber cobrado coimas. Está preso en la cárcel de Ezeiza desde abril pasado por orden de tres jueces que lo investigan en diversos casos de corrupción.
El juez Sebastián Casanello, quien procesó a Jaime por enriquecimiento ilícito, quiere repatriar el yate de un millón de dólares que usufructuaba el ex funcionario en la época de gloria de la recaudación de dinero negro a costa de los millonarios negocios en las sombras del estado.
El yate está varado en Uruguay desde el año 2013 cuando fue hallado e inmovilizado por las autoridades judiciales argentinas.
La embarcación que costó un millón de dólares es uno de los tantos bienes que Jaime y sus testaferros consiguieron de manera ilegal mientras el ex funcionario decidía la política de transporte de la Argentina.
El barco se suma a casas en un country en Córdoba, autos, una casa de fin de semana en San Isidro, un hotel en Carlos Paz y un avión de cuatro millones de dólares.
El yate es un modelo Altamar 64 adquirido por una empresa fantasma con sede en Estados Unidos en marzo de 2009, meses antes de que Jaime fuera invitado a renunciar a su cargo. La investigación judicial determinó que detrás de la compra hay ejecutivos de la empresa Trenes de Buenos Aires que explotaba ferrocarriles y colectivos bajo el control de Jaime. No descartan los investigadores que el yate haya sido una de las varias coimas que Jaime cobró de empresarios a los que debía controlar.
El yate, cuando fue descubierto en Uruguay porque estaba siendo reparado en el puerto de Piriápolis, fue abandonado. Nunca jamás aparecieron sus dueños.
Desde entonces la embarcación produjo gastos que tiene que pagar el estado argentino para que Uruguay permita el traslado a la Argentina.
Según cálculos que hizo la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad encargada del regreso del yate, al 27 de octubre pasado, hacían falta 850.000 pesos para traer la embarcación.
En esa cifra se incluye lo adeudado a las autoridades portuarias uruguayas, más los gastos del traslado y alojamiento del personal de Prefectura que debe viajar para traer el yate a la Argentina.
Casanello, según explicaron fuentes judiciales, le pidió a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura una partida de 990.000 pesos. Casanello solicitó más dinero que el calculado por Prefectura al 27 de octubre previendo que los trámites en el Consejo de la Magistratura tardan entre 30 y 90 días en aprobarse. El juez calculó que la demora podría acarrear aumentos en el precio de los pasajes y traslados e incrementar el costo diario del amarre en el puerto uruguayo.
Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, quienes investigan a Jaime por enriquecimiento ilícito, pidieron traer el yate con el fin de “asegurar la conservación de la embarcación y el eventual decomiso y recupero de activos”.
El trámite comenzó en 2013 y se aceleró en 2015. Depende de la rapidez con la que el Consejo de la Magistratura otorgue el dinero requerido para que el traslado del yate finalmente. Un símbolo de lo que fue la vida de un ex funcionario que llegó con lo puesto a la administración pública nacional y tenía un sueldo de 10.000 pesos mensuales.
